El proyecto Zierbena Solar, impulsado por Solaria, es «ilegal, inaudito e inasumible social y ambientalmente» para Araba. Así lo ha asegurado el presidente de Lurra, Alberto Frías, que ha advertido de una «fragmentación de proyectos en fraude de ley».

Según ha explicado en un comunicado, el Ejecutivo autonómico carece de competencias para otorgar una autorización administrativa porque el proyecto sobrepasa los 50 megavatios (MW) de potencia instalada llegando hasta 150 megavatios, por lo que la tramitación correspondería al Gobierno español.

«Además, debería haber devuelto el expediente al promotor, por infringir la Ley de Evaluación Ambiental, ya que el documento sometido a información pública contiene irregularidades y deficiencias sustanciales en lo relativo al estudio de alternativas, los efectos sinérgicos o los efectos sobre la salud de los campos electromagnéticos, además de ocultación de datos», ha añadido.

Y ha afirmado que «proyecto carece de justificación ambiental y social, al plantear una red de alta tensión de 100 kilómetros, cuando existen redes de transporte disponibles, siempre y cuando lo que verdaderamente no se pretenda, es tramitar en fraude de ley como redes de evacuación lo que en la práctica son redes de transporte, mediante la fragmentación de proyectos, proscrita por la legislación».

Sobre la afección a la actividad agraria, ha destacado que «se infringe la práctica totalidad del Plan Territorial Sectorial Agroforestal, con la ubicación de las plantas –fotovoltaicas– en suelos calificados como Alto Valor Estratégico, donde se prohíben este tipo de instalaciones por su impacto sobre la tierra agraria fértil».

«Igualmente el proyecto es incompatible con el Plan Territorial Sectorial de Energías Renovables, que cuenta con aprobación inicial, al no respetar las Zonas de Exclusión de 500 metros en torno a los núcleos de población, caso de Gopegi, Larrinoa, Murua, Eribe, Acosta y Zestafe en la planta Zierbena 3, y Martioda y Mendoza en Zierbena 4», ha subrayado Frías, que ha instado a los técnicos de la Diputación a que «emitan sus informes preceptivos desde la honradez profesional, al margen de las presiones políticas en demasiadas ocasiones en connivencia con las empresas eléctricas».

La voz del primer sector

Pablo Basterra, presidente de la Junta Administrativa de Goiuri-Ondona y afectado directo por la línea de evacuación de alta tensión 400 kilovoltios (kV) a su paso por el municipio de Urkabustaiz, ha explicado que su concejo, en comunión con Izarra, Beluntza, Oiardo, Uzkiano y Untzaga, ha presentado un escrito de oposición a la Autorización Administrativa Previa, alegando que la línea atraviesa zonas calificadas como Zonas de Interés Especial y Protección para la alimentación de aves.

Asimismo, «en relación con los efectos sobre la salud de los campos electromagnéticos, el proyecto no respeta el principio de precaución de la Unión Europea que establece un pasillo de un metro por cada mil voltios, en este caso 400 metros a ambos lados del eje de la línea, en los pueblos de Goiuri, Izarra, Beluntza y Uzkiano».

«Como ejemplo, mi caso particular, donde tanto la vivienda como la explotación familiar de ovejas latxas, con la nave donde hacemos los quesos, se encuentran a menos de 200 metros de los cables de muy alta tensión», ha detallado, incidiendo en que el informe urbanístico del arquitecto municipal dicta que «una infraestructura de estas características, tiene difícil encaje con los criterios de protección ambiental, paisajística y natural recogidos en los artículos 62 y 63 del PGOU».

En el mismo sentido se ha pronunciado Aitor Ortiz de Zarate, agricultor de Martioda afectado por la planta solar Zierbena 4. Según ha explicado, «hemos recibido ofertas de compra y alquiler de las fincas, y fuertes presiones de Solaria para hacerse con nuestros terrenos. Ante nuestra postura de seguir con la actividad agraria, no se ha respetado nuestra decisión, con la pretensión de ubicar los paneles solares en terrenos calificados como de Alto Valor Estratégico y, además, en zona de exclusión a menos de 500 metros del núcleo de población de Martioda».

«En la página web de Solaria Euskadi dicen que sus proyectos estarían en los menores espacios agrarios de alta producción, y que en todo caso se harían mediante acuerdos con propietarios, ayuntamientos y concejos. Una doble mentira, ya que nuestros terrenos están calificados en el PTS Agroforestal como Alto Valor Estratégico y nunca hemos llegado a un acuerdo con Solaria, muy al contrario, hemos llegado a denunciarles públicamente por acoso el pasado mes de noviembre ante los medios de comunicación», ha apuntado.

Ha destacado que «el nuestro es un caso sangrante, porque la ocupación supone alrededor del 20% de nuestra explotación, lo que convertiría en inviable económicamente para una pequeña explotación seguir con la actividad que hemos desarrollado contra viento y marea durante generaciones», haciendo hincapié en que, «cuando nos hablan de dinero, nosotros respondemos con tradición, responsabilidad para con nuestra soberanía alimentaria y compromiso con la defensa de la tierra».

«En un pueblo como Martioda conocido por tener un centro de recuperación de aves, donde paramos las cosechadoras para proteger al aguilucho cenizo, yo me pregunto por qué la administración vasca defiende a especies carroñeras del Ibex 35 que no corren ningún peligro de extinción», ha subrayado antes de emplazar al diputado general, el jeltzale Ramiro González, «que se llena la boca cuando habla de nosotros como sector estratégico, a no ponerse de perfil, dejando en la indefensión a las personas que digna y esforzadamente mantenemos vivo un sector primario imprescindible no sólo para Araba, sino para todo Euskal Herria».

Solaria, ronda de contactos

Por su parte, Solaria ha informado de que ha iniciado una ronda de contactos con distintos ayuntamientos con la idea de modificar el trazado de la línea de alta tensión para minimizar «las afecciones del trazado de la línea» de alta tensión.

En un comunicado, ha explicado que ese trazado es fruto de las «restricciones» fijadas por el operador de la red que «obligan a Solaria a evacuar su energía en Bizkaia».

Según ha precisado, debido a esta obligación técnica, la compañía invertirá más de 45 millones de euros para la construcción de la línea. Solaria ha manifestado que el trazado ha considerado «las restricciones técnicas y medioambientales del territorio», con el objetivo de «minizar el impacto visual».

Ha insistido en que el punto de evacuación es una exigencia técnica del operador de red y «no existe subestación con capacidad para conectarse en Álava», y ha indicado que la línea está sometida a una evaluación ambiental que determinará el trazado final de la misma y fijará las medidas «preventivas, correctoras y compensatorias».