El primer ministro heleno, Kyriakos Mitsotakis, tiene claro que facilitará la vida de los empresarios en Grecia. Orgulloso de ser liberal, la reforma laboral ratificada por su Gobierno el septiembre pasado comenzó a implementarse este 1 de julio.

Entre los cambios más significativos, permite a los empresarios imponer una jornada laboral de seis días, hasta las 48 horas semanales, y da la opción a los empleados de trabajar hasta 13 horas diarias: a la jornada de ocho horas pueden añadir un contrato a media jornada con otra empresa. La flexibilidad laboral es máxima, sobre todo para el empresariado.

«Lo primero que dicen cuando aprueban leyes sobre los trabajadores es que quieren ayudarnos, pero es lo último que hacen. Si quisieran ayudarnos, subirían los salarios.

En cambio, nos hacen trabajar seis días, mientras que los negocios tendrán costes menores y producirán más», considera Giannis, de 32 años y empleado en la construcción.

«Dicen que necesitan trabajadores, pero las empresas no pagan suficiente», insiste en una concentración frente al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social a la que acuden unas 300 personas, la mayoría afiliadas al PAME.

El Gobierno griego alega que con esta reforma quiere reducir la informalidad laboral y atajar la falta de personal cualificado. En principio, ninguna de las cosas se conseguirán gracias a esta normativa.

El trabajo sin contrato y las horas extras sin pagar no ocurren por falta de leyes, sino por la ausencia de control del propio Gobierno. Y la falta de personal cualificado se debe a los salarios bajos: casi la mitad de los helenos y las helenas gana al mes entre 830 euros brutos, que es el salario mínimo, y 1.000 euros, y el coste de la vida es ligeramente inferior al del Estado español.

Bajo estas condiciones, que sitúan a Grecia en el penúltimo escalón de la Unión Europea en PIB per cápita con respecto al índice de precios de consumo, difícilmente volverán las más de 300.000 personas que se fueron durante la crisis en busca de oportunidades y que aún no han regresado.

Beneficioso para las empresas

Por lo tanto, esta reforma beneficia sobre todo a las empresas, que podrán cubrir los picos de producción y ahorrar los gastos del alta de un nuevo trabajador: es más barato el coste de una jornada extra que un nuevo contrato.

«El Gobierno dice que quiere controlar a los empleadores, pero les da libertad para que hagan lo que quieran y exploten a las trabajadoras», considera Giota Tavoulari, a sus 50 años presidenta de la Federación Nacional de Trabajadores de la Industria Farmacéutica.

Desde el 1 de julio, en Grecia un trabajador desprotegido está obligado a trabajar ocho horas semanales más, que pueden ser en un sexto día o distribuirse durante la semana laboral. Será lo que decida la empresa.

A cambio, el trabajador percibe un salario superior en un 40% al de una jornada normal que, en domingo o festivos, llega al 115%. De momento, la norma afecta a los sectores industriales que operen las 24 horas y que necesiten mano de obra para los picos de producción. En el futuro, explican Giannis y Giota, también afectará a los sectores primario y terciario. El marco legal, al menos, lo posibilita.

«Por ahora, se implementa en fábricas, pero cualquier medida que perjudica a los trabajadores empieza en un sector económico y luego se expande al resto. Por ejemplo, el trabajo en los domingos comenzó en el turismo y el comercio y luego se expandió al resto de la economía», recuerda Giannis.

«Hasta ahora, no tenemos un sexto día en nuestro sector, pero de acuerdo con la ley, pueden encontrar la forma de obligarnos a trabajar seis días», explica Giota, quien asegura que «la nueva ley es una continuación de leyes anteriores que limitan los derechos de los trabajadores».

Las medidas liberales iniciadas con la Troika han erradicado los convenios colectivos y han ayudado a atraer la inversión extranjera en la última década, pero ésta carece de valor añadido y no es atractiva para el trabajador.

Un ejemplo son las multinacionales como Telepeformance, que emplea a más de 10.000 personas griegas y extranjeras en sus servicios de atención al cliente por un salario bruto de 1.000 euros y sin apenas derechos: contratos temporales con varias compañías asociadas, impedimentos para elegir las vacaciones, obligatoriedad de trabajar los días festivos.

Tras esta reforma, aprobada gracias a la mayoría absoluta de Nueva Democracia y rechazada por el resto del Parlamento, Grecia camina en sentido contrario a la mayoría de países de la Unión Europea que, como el Estado español, buscan rebajar el número de horas semanales de la jornada laboral para conciliar la vida personal y profesional.