El «racismo institucional» queda reflejado en el informe anual presentado este martes por la Federación SOS Racismo del Estado. Y más concretamente, la persistencia de actuaciones policiales violentas con carácter racista.

Se plasma en dos casos concretos detallados: uno en Catalunya y otro en Nafarroa. En este último, el informe explica que un joven estaba facilitando un registro policial pero, al preguntar el motivo de esta actuación, fue golpeado por la Policía (no se concreta de qué cuerpo se trató).

«Cuando el joven se sube la camiseta para mostrar que no tiene ningún objeto, el agente golpea su cabeza contra un tubo de desagüe», detalla el informe. «Inmediatamente, otro policía le vuelve a cachear con mucha fuerza mientras otro policía le empuja contra la pared. Enseguida, dos policías más le cogen por los brazos e intentan derribarlo, mientras llega otro policía y en ese intento todos caen al suelo», continúa el relato.

«Una vez en el suelo, le ponen boca abajo con las manos detrás de la espalda y la rodilla de uno de ellos en el cuello, de tal de tal manera que no puede respirar debido a la presión. Refiere que él grita mucho del dolor porque le están causando mucho daño físico. Después le meten con violencia en el coche patrulla y le trasladan a comisaría».

Un total de 569 denuncias

El informa apunta que a lo largo del año 2023 se recabaron un total de 569 denuncias relacionadas con incidentes racistas y/o discriminatorios.

Los casos relacionados con el racismo institucional ocupan el 34% del total (215 casos), seguidos por los casos relacionados con conflictos y agresiones racistas, que suponen el 19% (117 casos). A estos casos se le añaden 87 de denegación de acceso a prestaciones y servicios privados (14%) y 79 casos de denegación de acceso a prestaciones y servicios públicos (13%), mostrando un escenario en el que «tanto lo público como lo privado limitan el acceso de las personas racializadas a servicios y prestaciones que deberían estar disponibles para todas las personas sin discriminación alguna».

SOS Racismo apunta que una de las preocupaciones más importantes, por lo que suponen como termómetro de la convivencia, son los conflictos y agresiones racistas tanto en el espacio público (60 casos), entre vecinos (23 casos)así como en otros ámbitos (34 casos), como por ejemplo en viviendas particulares, salones de juegos y/o espacios privados.

Unas cifras que en palabras de Elena Stasi, la autora del informe, «muestran el efecto en el día a día de los discursos que aparecen en la esfera política, mediática y redes sociales. Un efecto que normaliza la discriminación y el racismo hacia las personas racializadas en nuestro país y que debemos confrontar si queremos revertir la situación actual».

Dos capítulos monotemáticos y un decálogo

Como novedad en este informe se han introducido dos capítulos monotemáticos centrados en el análisis del racismo policial y del racismo que enfrentan las personas racializadas que desempeñan su labor en el ámbito del empleo doméstico y de cuidados.

En el caso del racismo policial, supone el 83% de los 215 casos de racismo institucional, lo cual, desde el punto de vista de SOS Racismo, «merece una reflexión como sociedad, en la medida que los casos se repiten en todos los territorios implicados en este informe».

Frases hacia las personas racializadas como «¿Ves qué es esto? ¿Sabes qué es esto? ¡Vete a tu puto país, vete a tomar por culo!», dirigirse a una persona afrodescendiente como «negro de mierda», agresiones en comisaría o malas prácticas en las detenciones son algunos de los casos recogidos y en muchos casos en vías de resolución judicial.  

En la parte final de su informe, SOS Racismo un decálogo «para evitar que en esa fotografía anual que realizamos se incorporen nuevas víctimas a través de nuevas formas de ejercer la violencia que ya no pasan únicamente por la violencia directa, sino también por formas más sutiles como la violencia estructural o cultural».

Propuestas que abarcan «normas jurídicas y políticas integrales que aborden la realidad del racismo y la discriminación de forma transversal», el «desarrollo de la Ley 15/2022, de 12 de julio, integral para la igualdad de trato y la no discriminación», la apuesta por un «nuevo modelo policial» y por «nuevas formas de gestión de los conflictos».