El Ministerio del Interior español no piensa abrir una investigación interna acerca del arrollamiento por parte de una embarcación de la Guardia Civil de una lancha en la que cuatro migrantes trataban de arribar el pasado domingo a la costa de Melilla, a pesar de las críticas que desde distintos ámbitos censuran la actuación.

El ministro Fernando Grande-Marlaska, según fuentes de su departamento, se limitará a dar explicaciones ante las interpelaciones urgentes promovidas por Sumar y EH Bildu, al contrario que la Fiscalía marroquí.

Grande-Marlarka, según fuentes de Interior, responderá sobre la polémica intervención de los guardias civiles con la información que le ha transmitido el director del instituto armado español.

En Marruecos, la Fiscalía investiga lo sucedido. Según ha transcendido, la lancha embestida llevaba matrícula de Valencia y entró en aguas marroquíes de Nador conducida por dos personas con nacionalidad española.

Las autoridades marroquíes sostienen que la gran mayoría de las tentativas de entrar por vía marítima a Ceuta y Melilla desde su territorio son embarcaciones que provienen de esas dos ciudades y embarcan en su país a migrantes para retornar a los puertos de origen.

Piden información desde Melilla

También ha demandado una investigación la asociación melillense Solidary Wheels, que ha exigido a través de un comunicado que se desvele el número de personas migrantes que viajaban en dicha embarcación, cuántas de ellas fueron rescatadas, cuál es su estado de salud, su paradero, y «si han sido devueltas ilegalmente a Marruecos, realizando devoluciones en caliente».

En el caso de que no hayan sido devueltas al país magrebí, la asociación melillense quiere saber si las personas migrantes que lograron llegar a tierra han recibido asistencia letrada.

Asimismo, se pregunta «el porqué de la presencia» de una patrullera de la Gendarmería Marítima marroquí en aguas españolas, su «cooperación» en el patrullaje y la posterior intervención para impedir la llegada de la embarcación de recreo con los migrantes a la localidad norteafricana.

«El Estado español tiene la obligación de brindar las condiciones adecuadas para realizar evaluaciones individuales y exhaustivas de cada situación a fin de asegurarse de las posibles situaciones de vulnerabilidad que sufren las personas y de las potenciales solicitantes de asilo», ha señalado la asociación, que quiere dejar claro que «cualquier devolución en caliente o colectiva enmarcada dentro de la ilegalidad» es una «vulneración de los derechos humanos».

En este sentido, ha lamentado que la Delegación del Gobierno en Melilla no haya hecho «ningún comunicado para esclarecer los hechos ocurridos ni se haya iniciado una investigación pública».

Les hicieron borrar las imágenes

Ha recordado, además, que los bañistas que fueron testigos del suceso y lo grabaron en sus dispositivos móviles han asegurado que agentes de la Guardia Civil que estaban en tierra se les acercaron «para instarlos a que borraran las pruebas gráficas que pudieran tener de los hechos».

Basándose en la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (CNUDM), Solidary Wheels ha aseverado que el Gobierno español «está obligado a proporcionar información y aclaraciones sobre las circunstancias de lo ocurrido».

«Sigue habiendo demasiados interrogantes que buscan ser contestados y, en medio de ellos, algunas certezas: el repudiable accionar del Estado en plena luz del día y a ojos de la ciudadanía y la complicidad e irresponsabilidad periodística a su servicio», concluye el comunicado.