Un informe elaborado por técnicos del Centro de Estudios Jurídicos y Formación Especializada (CEJFE) de la Generalitat, con datos procedentes del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses y del servicio de inspección de la Secretaría de Medidas Penales, analiza 54 suicidios ocurridos entre enero de 2018 y junio de 2023 en las prisiones catalanas, con conclusiones muy ligadas a la práctica del aislamiento.

En lo que va de año son una decena los internos de las prisiones catalanas que se han quitado la vida, el último de ellos el mes pasado, lo que ha llevado al Departamento de Justicia de la Generalitat a revisar los protocolos para prevenir los suicidios en los centros penitenciarios, mediante un plan de choque en colaboración con el Departamento de Salud.

Una de las medidas que estudia la Generalitat es reforzar el seguimiento de los reclusos con antecedentes de autolesiones o trastornos mentales, en lo que coincide con los autores del informe, que revela que tres cuartas partes de los internos que se suicidaron sufría alguna alteración mental y un 36,6 % contaba con más de un diagnóstico psiquiátrico.

Un 63 % de los suicidas seguía algún tipo de tratamiento farmacológico por problemas de salud mental -un 11 % por dolencias físicas- y más de tres cuartas partes consumía drogas, principalmente cocaína.

Solo un 16% estaba en plan de prevención

La mitad de los presos que se quitaron la vida se habían autolesionado previamente -en un 50 % de casos cuando aún no eran adultos- y un 30 % lo había intentado medio año antes de la muerte. Ese porcentaje, alerta el informe, es más elevado que el que apuntan estudios similares de otros países y resulta preocupante, puesto que solo un 16,6 % de esos reclusos con antecedentes había entrado en un plan de prevención del suicidio.

En ese sentido, los autores proponen un seguimiento de los presos con alguna tentativa de suicidio durante al menos los doce meses posteriores al intento, crear «planes de seguridad» individuales para las personas en riesgo, evitar los traslados de los internos que estén bajo un protocolo de prevención y hacer seguimiento de aquellos con toxicomanías, autolesiones y comportamientos violentos.

El estudio revela también que casi un 80 % de los presos que se suicidaron había estado en aislamiento en departamentos especiales (DERT) -a los que se suele derivar a los reclusos que han protagonizado algún incidente o agresión en la cárcel- y un 20 % había protagonizado una huelga de hambre como mínimo una vez durante su historial penitenciario.

Por ese motivo, el informe dedica un apartado específico de sus conclusiones a proponer medidas para prevenir los suicidios vinculados al régimen de aislamiento, a través de una atención individualizada que haga sentir al preso que «importa a alguien», facilitando la autonomía y el apoyo social de los reclusos -con mediadores interculturales en el caso de extranjeros- y restringiendo el acceso a medios que puedan ser empleados para autolesionarse.

El 90% son hombres

El informe traza un perfil de los presos que se suicidan en las cárceles de Catalunya: en una abrumadora mayoría son hombres, dado que solo un 9,26 % de las mujeres reclusas se quita la vida. Sin embargo, resalta, el índice entre la población penitenciaria femenina es diez veces más elevado que entre las que viven en libertad.

En un 85 % de casos, los presos analizados se quitaron la vida en la propia celda y cuando el recluso se encontraba solo. La noticia de una muerte de ese tipo en una cárcel puede provocar lo que se conoce como «clúster' de suicidio», un contagio emocional sobre otros internos que los puede hacer más susceptibles a seguir comportamientos autodestructivos, añade el informe.

Por ese motivo, los autores del estudio subrayan que es importante la forma en que se comunica un suicidio en prisión y recomiendan crear un «espacio de comunicación» en cada módulo con profesionales que puedan mantener conversaciones con otros reclusos que puedan sentirse tentados a autolesionarse.