
El lehendakari Imanol Pradales ha aprovechado este miércoles la apertura del año judicial en la CAV para reclamar, ante jueces, fiscales, abogados y representantes del Consejo General del Poder Judicial, que se cambie «la realidad» del euskara en la Administración de Justicia para que se celebren juicios en lengua vasca.
Pradales, que ha participado en el acto inaugural del año judicial en el Tribunal Superior de Justicia en el País Vasco (TSJPV) en Bilbo, ha querido concluir su intervención con «un mensaje claro».
«Todo ciudadano tiene derecho a ser atendido en euskara por la Administración, y es tarea de la Administración garantizar realmente ese derecho. Todos tenemos trabajo. Todos», ha precisado.
Según ha recordado, en su último informe de evaluación sobre la Carta Europea de las Lenguas, expertos del Consejo de Europa expresaron su preocupación «una vez más», y apreciaron «cuestiones sin resolver en la Justicia y en algunos servicios públicos de la Administración».
«La pregunta es: ¿Alguien imagina que no haya posibilidad de realizar un juicio en castellano? ¿Que un juez, abogado o fiscal no sepa castellano? La respuesta es no, por supuesto. Por lo tanto, ¿Por qué debemos aceptar lo contrario en cuanto al euskara?», se ha preguntado.
Por ello, Imanol Pradales ha llamado a «cambiar esta realidad». «No solo porque se lo debemos a los ciudadanos, sino también porque la ley nos obliga a ello. Estoy convencido de que lograremos los objetivos compartidos a través de la colaboración», ha finalizado.
Justicia «restaurativa»
En su intervención, Pradales ha apostado por un modelo de justicia «propio» fundamentado en el respeto a la dignidad de la persona juzgada, así como en su acompañamiento hacia «la más rápida posible reintegración y resocialización».
«En Euskadi creemos en la justicia. No en una justicia revanchista, tampoco en una cuyo último objetivo sea buscar venganza. Eso no es hacer justicia», ha sostenido.
Pradales ha abogado por una justicia que busque mejorar y facilitar la accesibilidad, que apoye a los más vulnerables y que cuente como eje central de acción a la persona. «Una justicia que avanza en sostenibilidad, digitalización, mejora de tiempos de respuesta y comprensibilidad», ha aseverado.
Tras defender una humanización de las prisiones, ha incidido en que el modelo de la CAV concita un «amplio consenso», no solo institucional y parlamentario, sino también en el entorno jurídico, judicial y social.

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