El fiscal general del Estado español, Álvaro García Ortiz, ha anunciado que continuará en su cargo tras ser imputado por el Tribunal Supremo por un delito de revelación de secretos ante la difusión de información sobre el procedimiento por presunto fraude fiscal de Alberto González Amador, pareja de Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid.

García Ortiz seguirá al frente de la institución, a pesar de que la Sala de lo Penal ha abierto una causa penal después de que González Amador, investigado por presunto fraude fiscal en un juzgado de Madrid, presentase una demanda en el Tribunal Superior de Justicia de Madrid por la difusión de datos a medios de comunicación sobre su procedimiento, cuya responsabilidad asumió el fiscal general.

«En el convencimiento de que la continuidad en el cargo es lo menos gravoso y más prudente para la institución a medio y largo plazo, y de que en puridad refuerza la independencia de la Fiscalía española, anuncio mi intención de seguir ejerciendo mis responsabilidades como fiscal general del Estado», dice García Ortiz en un comunicado.

Pese a ser «consciente de la repercusión pública de la noticia» y admitir que esto afectará a los fiscales, defiende que es «la ponderación de estas circunstancias» lo que le persuade para seguir ejerciendo plenamente su atribuciones legales, «con pleno respeto a la Ley y al Estado de derecho».

De esta forma, ha convocado para mañana jueves a las 09.30 a la Junta de Fiscales de Sala y a las 16.00 al Consejo Fiscal «a fin de hacerles partícipes de esta decisión, proporcionar las explicaciones oportunas y escuchar cuanto tengan a bien manifestar los integrantes de ambos órganos».

«Máxima prudencia»

García Ortiz explica que la apertura de un procedimiento por el Supremo «impone la máxima prudencia» en su pronunciamiento como fiscal general «a fin de evitar que puedan interpretarse como una interferencia o una influencia a los magistrados».

Sin embargo, destaca que «la atribución de la condición de investigado al fiscal general es inédita en nuestro país y obliga a realizar una profunda reflexión, sobre los hechos que la motivan, las circunstancias que la rodean y las consecuencias que puede generar» en la futura actuación del Ministerio Fiscal y en la Justicia española.

En su opinión, descarta que se trate de un asunto particular, sino que se encuadra en el ámbito de las competencias que la Constitución y la ley que regula el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal encomienda a este órgano de relevancia constitucional.

Recuerda que la ley atribuye a la Fiscalía la función de informar de los asuntos relevantes de que conozca para garantizar el derecho de la ciudadanía a recibir información veraz, «más aún en un caso como este en el que con bulos o falsedades se comprometía la imagen de la institución y de varios de sus integrantes».

Lejos de dimitir, subraya que su condición de investigado le «permitirá que pueda ejercitar plenamente» su «derecho de defensa», toda vez que «la investigación judicial se ha desarrollado hasta la fecha sin que haya podido hacerlo».

El PP pide la dimisión

Tras conocerse la apertura de la causa penal contra García Ortiz, el PP ha reclamado su dimisión inmediata, por boca de su secretaria general, Cuca Gamarra.

«No puede seguir ni un minuto más en el cargo, no puede seguir el fiscal general del Estado contaminando todo lo que hace la Fiscalía en nuestro país», ha afirmado la número dos del PP en declaraciones ante los periodistas en el Congreso.

La secretaria general del PP ha sostenido que la causa abierta contra el fiscal general se suma «al infinito goteo de corruptelas y anomalías que acechan a este Gobierno y a todo lo que le rodea».

El principal partido de la oposición en el Estado español ha argumentado que la Fiscalía es la encargada de promover la acción de la Justicia en defensa de la legalidad y que el fiscal general debe atenerse a los principios de legalidad y neutralidad, por lo que solo cabe su dimisión.