La Kneset (Parlamento israelí) ha aprobado este lunes dos leyes, que entrarán en vigor dentro de tres meses, para prohibir la actividad de la agencia de la ONU para los refugiados palestinos (Unrwa) en Israel, así como hacer imposible su capacidad operativa en el resto de los territorios palestinos ocupados, Cisjordania y Gaza.

En una primera votación en la primera sesión tres tres meses sin actividad parlamentaria, la Kneet ha prohibido a la Unrwa abrir oficinas o proporcionar «servicios directos o indirectos» dentro del «territorio soberano de Israel», incluido el anexionado Jerusalén Este, tras una votación aprobada con 92 votos a favor y 10 en contra.

«Los trabajadores de la Unrwa que participan en actividades terroristas contra Israel deben rendir cuentas», ha afirmado tras esta votación el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu.

«En los 90 días anteriores a la entrada en vigor de esta ley –y después– estamos dispuestos a trabajar con nuestros socios internacionales para garantizar que Israel siga facilitando ayuda humanitaria a los civiles en Gaza de una manera que no amenace la seguridad de Israel», ha añadido el primer ministro.

Poco después, una segunda ley ha recibido también la luz verde de los legisladores, prohibiendo a cualquier funcionario o entidad pública israelí establecer contacto con la Unrwa o sus empleados, la cual pasará a ser designada «organización terrorista».

Esto impedirá, en la práctica, que la Unrwa pueda seguir desarrollando sus labores educativas y sanitarias en los territorios palestinos ocupados, ya que Israel no emitirá permisos de entrada a la Franja, ni facilitará la coordinación existente hasta ahora con el Ejército o procesará pagos mediante entidades bancarias israelíes.

El comisionado general de la Unrwa, Philippe Lazzarini, ha denunciado que ambas legislaciones representan el último paso en «la campaña en curso (de Israel) para desacreditar a la Unrwa» y ha añadido que «solo profundizarán el sufrimiento de los palestinos, especialmente en Gaza».

Casi con seguridad, estas leyes conducirán al cierre de la oficina de Unrwa en Jerusalén Oriental, que ha sido el blanco de manifestaciones israelíes, a veces violentas.

Intento de agresión a un diputado palestino

La agresividad de la política sionista se ha trasladado al debate parlamentarioi, en el que una de las diputadas del gobernante partido Likud, Tally Gotliv, intentó agredir al diputado árabe-israelí Ahmed Tibi cuando estaba en el estrado, donde había criticado un proyecto de ley «fascista». «El pueblo palestino será libre de la ocupación», afirmó Tibi entre los gritos de diputados derechistas.

La Unrwa, que subraya que es «la columna vertebral de las operaciones humanitarias en Gaza», ha denunciado un proyecto «escandaloso», que «sienta un precedente peligroso y se opone a la Carta de las Naciones Unidas».

Incluso los aliados más estrechos de Israel, como Estados Unidos, Gran Bretaña, Australia, Estado francés, Canadá y Corea del Sur, habían pedido a Israel que no aprobara estas leyes y este lunes han vuelto a rechazar la medida.

Cinco millones de refugiados reciben sus servicios

La Unrwa fue establecida en 1950 por la ONU y presta servicios sociales a más de cinco millones de refugiados palestinos –muchos descendientes de los cientos de miles de expulsados de sus hogares por la creación del Estado de Israel– que viven ahora en la Franja de Gaza, Cisjordania, Líbano, Siria y Jordania.

La Unrwa supone un soporte vital para más de 2,5 millones de refugiados palestinos en todo el territorio palestino ocupado, sobre todo dadas las condiciones impuestas por el apartheid que impiden el desarrollo del pueblo palestino

También es clave en las operaciones humanitarias en la Franja de Gaza, cada vez más limitadas por la operación militar israelí.

Israel alega sin pruebas que más del 10% del personal de la Unrwa en Gaza tiene vínculos con Hamas, y que sus centros educativos incitan al odio contra Israel.

El Ejército israelí ha bombardeado más de 160 escuelas de la agencia pese a la presencia en ellas de miles de civiles desplazados, ha matado al menos a 232 trabajadores de la Unrwa y ha declarado públicamente que quiere eliminar su actividad en la Franja.

Ahora extiende su plan a toda Palestina. Además del peligro para la supervivencia de miles de personas, la ilegalización de la Unrwa supone el rechazo oficial a los refugiados palestinos y, con ello, de su derecho al retorno.

En enero, Israel acusó a doce empleados de la Unrwa habían participado activamente en los  ataques del 7 de octubre, a lo que la agencia respondió de inmediato abriendo una investigación interna y despidiendo a esos trabajadores y los aliados de Israel cortando la financiación de la agencia.  lo que supuso un recorte del presupuesto de 450 millones de dólares en plena respuesta de emergencia en la Franja de Gaza.

La mayoría retomaron meses después la financiación ante la falta de pruebas presentadas por Israel.