El Juzgado de lo Penal número 20 de Madrid tiene previsto celebrar entre el 18 y el 28 de noviembre el juicio por la protesta denominada Rodea el Congreso, que tuvo lugar el 25 de septiembre de 2012, hace ahora doce años, y que sentará a 21 personas en el banquillo acusadas de causar desórdenes y de enfrentarse a la Policía.

Aquella jornada, convocada por varios colectivos que coreaban consignas como ‘Que no nos representan’ o ‘lo llaman democracia y no lo es’, se saldó con 35 detenidos y al menos 64 heridos entre manifestantes y policías, tal y como recogió NAIZ. Participaron unas 6.000 personas, según informó entonces la Delegación del Gobierno español.

Esa protesta fue seguida por otras similares en los días siguientes, en las que también hubo algunos altercados que han desembocado en otros procesos penales.

De cara al juicio que se juzga ahora la Fiscalía pide penas de entre 3 años y 8 meses de cárcel y 7 años y 4 meses de prisión para los 21 encausados, a los que imputa los delitos de desórdenes públicos, atentado contra agente de la autoridad y de resistencia, y falta de lesiones.

Piden suspender un juicio «político»

La plataforma convocante de esas protestas, la Coordinadora 25S, ha hecho público un comunicado en el que critica que se llegue a un juicio por unos hechos ocurridos hace 12 años, algo que ya debería abocar a que se suspenda, y que se pidan unas penas que suman un total de 112 años y 5 meses de cárcel.

«Los juicios políticos se pueden –y se deben– ganar», afirma el colectivo, que incide en que «se trata con toda claridad de un juicio político» porque las convocatorias Rodea el Congreso tenían como objetivo «denunciar la corrupción del Régimen, el carácter antidemocrático de este, así como la necesidad de poner en marcha un proceso constituyente», unas exigencias que considera que hoy «están aún más justificadas de lo que estaban hace doce años».

«El Régimen del 78 quiere acabar con el movimiento democrático de Madrid», concluye, y exige que los encausados por el 25S «tengan al menos un trato similar por parte de las instituciones, incluyendo la administración de Justicia, al que han tenido la mayoría de las personas encausadas en el procés» catalán tras la aprobación de la Ley de Amnistía.

Más de 7 años de cárcel

Este proceso llegó a la Audiencia Nacional española porque a los imputados se les acusó de un delito contra las instituciones del Estado, pero finalmente quedó en el Juzgado de Instrucción número 35 de Madrid.

En el escrito de la Fiscalía de Madrid de cara al juicio la máxima pena se solicita para cuatro de los procesados, para los que pide tres años y ocho meses de cárcel por un delito de desórdenes públicos más otros tres años y ocho meses por atentado.

La solicitud mínima de prisión es de tres años y ocho meses para dos de los imputados por el delito de desórdenes públicos.

La Fiscalía relata en el escrito, que ya fue hecho público en 2021, que algunos de los congregados aquel día, en dos protestas cuyos integrantes confluyeron en la plaza de Neptuno, cerca del Congreso, acabaron «arremetieron violentamente contra el dispositivo policial desplegado tirando vallas y arrojando objetos contundentes contra ellos, lo que obligó a organizar el despliegue de diversas unidades de UIP para tratar de contenerlos».

Para la Fiscalía fueron «diversos grupos controlados y organizados», además de ciudadanos individuales, los que «dirigieron sus acciones a causar destrozos en la vía pública, intentando rebasar los cordones de seguridad establecidos, arrojando objetos no solo contra la fuerzas se seguridad sino contra los vehículos policiales».

Sostiene que los convocados «trataron de impedir la salida de los diputados, lo que obligó a los mandos policiales a establecer una salida libre de manifestantes», y luego se dispersaron por la zona de Atocha.

Sobre algunos de los imputados relata que, además de lanzar objetos, pegaron patadas y puñetazos a los agentes, algunos de los cuales resultaron heridos.