Tal y como ha anunciado a través de una nota, ELA ha interpuesto una demanda ante Inspección de Trabajo contra el Departamento de Educación para que le obligue a, «según lo que dice la normativa de salud laboral, realizar evaluaciones de riesgos psicosociales actualizadas y a implantar medidas preventivas y correctoras para garantizar la salud laboral».

Según una encuesta realizada por el propio sindicato, el estrés, la ansiedad y una «desadecuada» organización del trabajo están entre las principales preocupaciones de los y las trabajadoras de la red pública vasca de educación.

«Solo hay 14 personas técnicas en el servicio de prevención para atender una red de 600 escuelas públicas, y que no se han evaluado los riesgos psicosociales de más de 27.000 personas trabajadoras», denuncia ELA.

En esa línea, acusa al Gobierno de Lakua de «vulnerar» la Ley en materia de salud laboral. En la nota, explica que «en la mayoría de escuelas públicas no se han realizado las evaluaciones de riesgos psicosociales y apenas destina recursos al servicio de prevención».

«La situación es grave, ya que en los últimos años han aumentado mucho el estrés, la ansiedad y los problemas asociados a la salud psicosocial y mental en el trabajo. En consecuencia, las bajas de enfermedad son cada vez más numerosas y sistemáticas», añade.

ELA asegura que solicitó por primera vez en abril y por segunda vez en septiembre al Departamento de Educación información sobre los análisis de riesgos psicosociales en las escuelas públicas de la CAV, y que, a fecha de hoy, el Departamento de Educación «no ha respondido a las peticiones».

Pocas evaluaciones y metodología «obsoleta»

Por otro lado, ELA ha solicitado tanto a las direcciones de 30 escuelas públicas de Araba, Bizkaia y Gipuzkoa, como al Departamento de Educación, que se les informe de si la evaluación de riesgos psicosociales ha sido realizada en esos 30 centros concretos y, en caso afirmativo, de la propia evaluación.

El sindicato señala que solo ha recibido la evaluación de 4 escuelas y que, además, «son muy obsoletas, con información de 2016-2017 y de 2020». También denuncia que se ha utilizado una metodología «obsoleta»; que se han realizado «sin la participación de las personas delegadas de prevención y/o la representación de los y las trabajadoras»; y que las medidas correctoras que recogen son «insustanciales, poniendo toda la carga sobre el propio trabajador/a». Además, denuncia que no se ha realizado seguimiento de las medidas prescritas.

Por todo ello, ELA ha interpuesto una demanda ante Inspección de Trabajo.