El Colegio de la Abogacía de Gipuzkoa (ICAGI) ha asegurado que «la anulación de cerca de dos centenares de juicios ya celebrados» es «algo más que una anomalía», porque supone «ni más ni menos, que el fracaso inaceptable del sistema», aunque sea «de una forma localizada».

El ICAGI ha denunciado en una nota «la vulneración de los derechos de los afectados» por el retraso en casi de 200 asuntos acumulados por el Juzgado de lo Social número 5 de Donostia, cuya jueza sustituta ha sido apartada de su puesto por las autoridades judiciales.

El Colegio de la Abogacía considera que la situación creada por esta magistrada constituye un «suceso de gran alcance y gravedad que, de ningún modo, puede minimizarse por mucho que sea infrecuente y no suponga una actuación extendida dentro del funcionamiento del sistema de la Administración de Justicia».

Este organismo recuerda que desde que tuvo conocimiento de esta situación estableció «los contactos indispensables» para que se acometieran «con urgencia» unas «medidas correctoras» que impidieran que se prolongara en el tiempo.

Ahora, el ICAGI constata que ¨el daño causado es de gran calado», pese «a las sucesivas decisiones adoptadas por la Sala de Gobierno del TSJPV en relación con esta cuestión», ya que la situación creada «atenta contra los niveles mínimos de eficiencia exigible a la Administración de Justicia».

Vulneración de derechos

«Además –añade–, provoca indefectiblemente la vulneración de los derechos de los afectados como usuarios de la Justicia y de manera muy especial al derecho a la tutela judicial efectiva que, como Derecho Fundamental, recoge el artículo 24 de la Constitución».

El ICAGI reclama por ello que esta «anomalía» sea paliada «con celeridad y de la manera menos gravosa para los intereses de los titulares del derecho de defensa: los justiciables».

En esta línea, el Colegio de la Abogacía también reclama a los profesionales afectados que, «en la medida de lo posible, colaboren» con la nueva «magistrada designada para resolver los males ocasionados».

Solicita además a los responsables de la Administración de Justicia que «ejerciten cuantas medidas sean necesarias para evitar la repetición de hechos como éste y propiciar la restauración de los derechos vulnerados».