Desde EH Bildu han venido afirmando durante toda la negociación presupuestaria con el Gobierno de Lakua que sabiendo que PNV y PSE contaban con mayoría absoluta para aprobar sus cuentas, pero atendiendo a que decían querer ampliar el consenso, lo que debían buscar eran acuerdos políticos de futuro mirando a los grandes retos que debe afrontar el país, y no entrar tanto en una batalla de cifras.

Por ello, a lo largo de las conversaciones con el Gobierno, EH Bildu muestra haber adecuado sus ofertas para tratar de lograr ese acuerdo. Primero, Pello Otxandiano entregó a Imanol Pradales y Eneko Andueza una propuesta para pactar de forma global los presupuestos del Ejecutivo y las diputaciones y una reforma fiscal. Fue rechazada por verticalista y contraria a la arquitectura foral de la CAV, aunque luego PNV y PSE pactaron desde arriba medidas fiscales para los tres territorios.

En su segunda propuesta, EH Bildu se ciñó al marco presupuestario de la CAV, reclamando 350 millones de euros para medidas proactivas en Vivienda, cambios en materia de SMI y cuidados, y también una reforma fiscal.

Ante una nueva reunión con el Gobierno, Pello Otxandiano ofreció como muestra de «buena voluntad» sacar la reforma fiscal de la negociación, a cambio de que se abordara con profundidad en los plenos de las JJGG.

La última propuesta

Aunque el Gobierno ha insistido en su voluntad de ensanchar acuerdos, no está claro que haya sido así. Ante las primeras respuestas de la oposición, se quejó de que no eran suficientemente concretas, pero luego hizo unas contraofertas sin cifras y casi iguales para todos.

Sumar se descolgó de las negociaciones y el PP también una reunión más tarde. Solo se quedó EH Bildu que el miércoles remitió una última oferta al Gobierno. En este texto, se pide a Lakua que aplique en tres meses la ley estatal de vivienda en materia de alquiler, desarrollando un sistema propio de índice de precios de referencia, completar los análisis de zonas tensionadas y reducir la definición de grandes tenedores.

EH Bildu propone la adquisición de viviendas que pasen de VPO a libres para destinar a alquiler social, lo que cuantifica en 90 millones de euros. También contempla movilizar vivienda vacía, cambiar la normativa de las viviendas turísticas y que la colaboración público privada en esa materia tenga mayor control público.

En la mañana de ayer, el consejero Noël d’Anjou criticó que EH Bildu había dado «un paso atrás» porque «ha mantenido ciertos aspectos que entendíamos que había retirado, como la fiscalidad». Lo único que la propuesta tiene en esta materia es pedir «la imposición de bonificaciones y penalizaciones fiscales dirigidas a los propietarios arrendatarios atendiendo a un sistema propio de índices de precios de referencia». Lo que, evidentemente, está lejos de la reforma que se solicitaba inicialmente.

Y en materia de avanzar hacia un SMI propio de la CAV, EH Bildu solicita que «el Gobierno Vasco debe generar las condiciones para que un acuerdo interprofesional sea posible. Debe interpelar a las partes para que negocien y lleguen a un acuerdo».

Estas peticiones están hoy lejos de lo que el consejero Pedro Azpiazu aceptó en diciembre de 2021 para las cuentas del año siguiente. También con mayoría absoluta, el Gobierno encabezado por Urkullu e Idoia Mendia asumieron un acuerdo presupuestario valorado en 253 millones para salud, emergencia climática, bienestar energético, política social, juventud e I+D+i, además de avances políticos en SMI y alquileres, a cambio de una abstención.

Para 2025 EH Bildu decidió dejar fuera Salud, para negociar en la Mesa, y la Fiscalidad, para JJGG.