
A falta de la votación, la reforma de la Ley Mordaza ha aprobado su segundo examen parlamentario en el Congreso español, pues todos los grupos excepto PP, Vox y UPN han rechazado las dos enmiendas a la totalidad presentadas por los dos primeros grupos para intentar frenarla y a la que han rebautizado como «ley Otegi», «de inseguridad ciudadana» o del «caos en las calles».
Durante más de hora y media el pleno del Congreso ha vuelto a escuchar tanto duras críticas a la controvertida vigente ley, aprobada por el Gobierno de Rajoy en 2015, como encendidas defensas a la modificación que impulsan la mayoría de la investidura, consecuencia del texto acordado por el Ejecutivo de Sánchez con EH Bildu y que el pasado 29 de octubre obtuvo su primer visto bueno.
El PSOE y sus socios parlamentarios han acusado a la derecha y a la extrema derecha de «desbarrar» en sus textos alternativos. Por parte del Ejecutivo, el diputado de Sumar Enrique Santiago les ha acusado de vivir en una «realidad paralela» cuando, según él, atribuye de forma «demagógica» a esta ley que regula sanciones administrativas la capacidad de evitar la inseguridad en las calles, que Catalunya «esté a punto de independizarse» o que sea un instrumento en la «lucha antiterrorista».
También ha defendido que se usen los «medios menos lesivos» y con «proporcionalidad» en las actuaciones policiales siguiendo el criterio de organismos internacionales como Naciones Unidas, después de que PP y Vox hayan acusado al Gobierno de «desarmar» a la Policía y la Guardia Civil al pactar la supresión de las pelotas de goma como material antidisturbio.
El diputado de EH Bildu Jon Iñarritu ha replicado al PP sobre el calificativo de «ley Bildu» o «ley Otegi»: «Ojalá tuviéramos tanta capacidad de influencia», ha dicho el parlamentario vasco antes de recordarle también a Ortega Smith que los sindicatos policiales le rehuyen después de sus críticas a la actuación policial en la calle Ferraz.
En ese sentido le ha recordado que hubo 50 agentes heridos y la incautación de palos, barras, porras extensibles, una pistola, material pirotécnico, bengalas, una escalera y una pala. «Curioso concepto de manifestación pacífica», ha ironizado para añadir que «nosotros las pelotas de goma no las defendemos ni cuando las usan contra ustedes, creemos que son perjudiciales en cualquier actuación policial».
El diputado del PNV Mikel Legarda ha acusado a PP y Vox de «desbarrar totalmente» al querer mantener la ley que aprobó en 2015 el Gobierno de Mariano Rajoy con mayoría absoluta, una idea repetida por los demás grupos en un debate en el que no ha intervenido ningún diputado de Junts.
Según Legarda, ambos partidos de la oposición al hablar de que se «da oxígeno a la amenaza terrorista» con la reforma lo que hacen es ocultar a posta que esta norma se centra en ilícitos administrativos, ya que los delitos se combaten en el Código Penal o con la Ley de Enjuiciamiento Criminal.
Desde ERC se ha defendido que exista un «equilibrio entre seguridad y libertad para vivir con dignidad», algo que se consigue con la reforma de la Ley Mordaza que, en su opinión, «no perjudica a las fuerzas policiales» como sí lo hace la detención de un jefe policial con 20 millones de euros del narcotráfico oculto en su casa o «el espionaje con Pegasus o la policía patriótica».
La diputada de Podemos Ione Belarra ha defendido que el Congreso aprueba una «derogación total» de la Ley Mordaza, para lo que ha lanzado un alegato a favor de Javitxu Aijón, uno de los condenados a prisión por participar en una manifestación contra Vox en 2019, así como a los condenados en el ‘caso Altsasu’, Tsunami Democrátic o los del Rodea el Congreso. «Son ellos los desprotegidos y no la Policía», ha defendido.
Por su parte, PP y Vox han defendido sus enmiendas a la totalidad de la reforma de la ley, a la que han rebautizado como «ley Otegi» por estar «redactada por un condenado por terrorismo» y, en su opinión, «saltarse todas las líneas rojas» que marcó en la pasada legislatura el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska.
Los diputados Ana Vázquez y Javier Ortega Smith han lanzado duras críticas al acuerdo del Gobierno al entender que se ha en temas como la supresión de las pelotas de goma o la rebaja de graves a leves de las multas por faltas de respeto y desobediencia a la autoridad.
El diputado ultraderechista ha acusado al Ejecutivo de apoyarse en sus socios para «amordazar a ciudadanos que quiere salir a la calle tranquilos, poder defender su propiedad contra la okupación o tener unas fronteras seguras».
«Ustedes defienden a delincuentes y a los que quieren echar a la Policía y la Guardia Civil del País Vasco y Cataluña, y nosotros a españoles que quieren sentirse seguros», ha espetado Ana Vázquez.

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