El Juzgado de Vigilancia Penitenciaria de la Audiencia Nacional ha concedido la libertad condicional al extesorero del PP condenado por el 'caso Gürtel', Luis Bárcenas, después de haber cumplido las dos terceras partes de su condena, «pagado la responsabilidad civil en su totalidad, mostrado su arrepentimiento y habiéndose sometido a programas para internos sentenciados por delitos económicos».

Bárcenas fue condenado a 33 años y 4 meses de cárcel, además de 44 millones de euros de multa, y al PP a pagar una multa de 245.492 euros como partícipe a título lucrativo por su implicación en los primeros años de actividades de la trama Gürtel, pero fijó la pena máxima a cumplir en 12 años.

En un auto, recogido por Europa Press, el juez José Luis Castro explica que la Junta de Tratamiento del CIS Victoria Kent propuso la concesión de la libertad condicional de Bárcenas, a la que Fiscalía no se opuso, al haber cumplido, el 20 de septiembre pasado, las dos terceras partes de la pena y «concurrir los elementos objetivos y subjetivos necesarios para la obtención del último grado de cumplimiento de la condena».

El magistrado considera que la propuesta «reúne los requisitos exigidos por la ley, ya que se dan en el interno las circunstancias para ello». Así, recuerda que ha pagado la totalidad de la responsabilidad civil que se le impuso, por un total de 4.535.254,92 euros, indicando que cumplirá las tres cuartas partes de su condena en septiembre del próximo año y la dejará extinguida previsiblemente en septiembre de 2028.

El auto destaca «el arrepentimiento del penado, el reconocimiento de los hechos y la asunción de las consecuencias de sus actos, así como el abono de la responsabilidad civil derivada del delito juntos con los intereses, el estilo de vida positivo, la ausencia de trastornos psicopatológicos y la elevada tolerancia a la frustración».

El juez le impone a Bárcenas la obligación de fijar un domicilio y comunicar al juzgado cualquier cambio, la presentación ante los servicios sociales del CIS Victoria Kent, la obligación de comunicar cualquier situación en la que resultase detenido, implicado, imputado, acusado o condenado en un proceso penal, así como la obligación de continuar con la actividad laboral, con presentación cada trimestre de la documentación correspondiente.