La Zona de Bajas Emisiones (ZBE) que limitará el tráfico en el centro de Gasteiz no entrará en vigor hasta primavera, de manera que la capital alavesa será la última ciudad de la CAV en desplegar una medida que persigue mejorar la calidad del aire.

Bilbo fue la primera en implantarla. Fue en junio del año pasado. Se inició entonces un periodo de adaptación de tres meses durante el cual el tráfico del centro de la ciudad se redujo un 14% y el número de vehículos susceptibles de ser sancionados no llegó al 3%. La ordenanza ya está plenamente operativa en la capital de Bizkaia y desde septiembre se sanciona a los infractores.

En Donostia la ZBE entró en vigor a mediados de diciembre, pero en los primeros días no tuvo efecto porque las cámaras de control de la zona no comenzaron a funcionar hasta enero. 

En los tres primeros meses de 2025 habrá una fase de adaptación e información, en la que los usuarios que incumplan la normativa recibirán una notificación informativa pero no tendrán que pagar multas. A lo largo de marzo el Ayuntamiento donostiarra comenzará a sancionar a los vehículos que no cumplan la ordenanza.

En Gasteiz los plazos van más lentos. En noviembre el pleno aprobó de manera inicial la ordenanza que regula la Zona de Bajas Emisiones tras un acuerdo entre los grupos del equipo de Gobierno (PSE y PNV) con EH Bildu.

Fase de alegaciones

La ordenanza está ahora en fase de exposición pública para que las personas o entidades que estén interesadas puedan presentar alegaciones. Este plazo termina el próximo martes, día 14. Después tocará analizar las reclamaciones presentadas y modificar el texto si alguna se da por válida.

La ordenanza final deberá volver a ser aprobada ya de manera definitiva primero en comisión y después en pleno, algo que podría ocurrir en el mes de marzo, según los cálculos que maneja la Corporación municipal.

Con la ZBE ya en vigor, se abrirá un plazo de tres meses para que las personas afectadas se inscriban en el registro y puedan así acceder a la zona donde el tráfico estará limitado. Posteriormente empezará un periodo de 2 o 3 meses de adaptación. Las sanciones empezarán a aplicarse tras el verano.

La ordenanza establecerá restricciones para el tránsito de ciertos vehículos en el Casco Viejo y varias calles del Ensanche. Estas limitaciones se desplegarán de forma progresiva. En la primera fase el criterio fundamental será eliminar el tráfico de paso por un área de prioridad residencial cuyo perímetro delimitarán más de un centenar de señales y que estará controlada por 30 cámaras de lectura de matrículas.

Concretamente esa zona abarcará el Casco Medieval y la parte del Ensanche delimitada por las calles La Paz, Ortiz de Zárate, Florida, Ramón y Cajal, Luis Heintz, Magdalena, Vicente Goicoechea, Cercas Bajas, Siervas de Jesús, Portal de Arriaga y San Ignacio de Loyola.

A ese área podrán acceder los residentes, los que accedan a plazas de aparcamiento, personal de establecimientos comerciales y de servicios, vehículos para zonas de carga y descarga y de urgencias y titulares de tarjetas de estacionamiento para personas con movilidad reducida, entre otros.

Los titulares de los vehículos pertenecientes a alguna de estas categorías deberán darse de alta en el sistema de control de accesos y contar con la correspondiente autorización.

En la segunda fase, a partir del 1 de enero de 2027, estará prohibido el acceso a todos los vehículos que no cuenten con etiqueta ambiental, es decir, los de gasolina matriculados antes de 2001 y los diésel anteriores a 2006.

No será hasta 2030 cuando esa prohibición se amplíe a los que tienen el distintivo B.

Excepciones

Sin embargo habrá varias exenciones a las limitaciones relativas a la etiqueta ambiental, una de ellas relacionada con el nivel de renta. Habrá que acreditar ingresos brutos anuales inferiores como mínimo a dos veces el indicador de renta que se usa como referencia en el cálculo de ayudas, subsidios o bonificaciones fiscales.

También estarán exentos los vehículos de profesionales cercanos a la edad de jubilación, cuyos titulares deberán acreditar que como máximo les faltan cinco años de cotización para alcanzar la edad legal para jubilarse, así como los catalogados como históricos, los de servicios públicos o los titulares y arrendatarios de plazas de aparcamiento en el interior de la ZBE.

Todas estas exenciones tendrán un período de vigencia de tres años.