El PSOE ha registrado este viernes una proposición de ley que prohíbe ejercer la acusación popular a partidos políticos y asociaciones o fundaciones vinculadas con ellos y con la que busca garantizar los derechos fundamentales frente al acoso derivado de «acciones judiciales abusivas».

El portavoz del grupo del PSOE en el Congreso, Patxi López, ha explicado este viernes en rueda de prensa el contenido de esta ley que incluye también la doctrina del Tribunal Supremo sobre la imposibilidad de abrir un proceso penal con meros recortes de prensa «sin el menor indicio de irregularidades» y que suprime el delito de ofensas contra los sentimientos religiosos.

El PSOE impulsa esta iniciativa en un momento en el que hay varios procedimientos judiciales impulsados por acusaciones populares sin el apoyo de la Fiscalía, entre ellos los que afectan a Begoña Gómez y David Sánchez, mujer y hermano del presidente del Gobierno. El PP se ha apresurado a afirmar que lo hace con el objetivo de blindarse porque «están desesperados».

Se propone que la ley tenga carácter retroactivo y pueda aplicarse a investigaciones que ya se encuentren en curso, lo que, además de a los citados, afectaría a decenas de casos en los que hay partidos personados, en especial el PP, y Vox, entre ellos el «caso Koldo».

El objetivo de la ley registrada este viernes –ha detallado López– es impedir el acoso que se sufre cuando hay quien utiliza las acciones judiciales de forma abusiva con el único fin de atacar a quienes no comulgan con sus planteamientos.

Así, el texto aborda cuatro aspectos: la reforma de la acusación popular, la obligación de inadmitir querellas basadas en recortes de prensa, la supresión del delito de ofensas contra los sentimientos religiosos y la abstención y recusación de jueces por declaraciones de contenido político.

Reforma de la acusación popular

Si el proyecto prospera, se prohibirá ejercer la acusación popular a partidos políticos y a asociaciones o fundaciones vinculadas con ellos, pero también a asociaciones de jueces y fiscales, lo cual supondría la exclusión de la asociación de fiscales APIF de la causa en la que se investiga al fiscal general por presunta revelación de secretos sobre el novio de Isabel Díaz Ayuso.

En su proposición de ley, el PSOE propone además que la participación de la acusación popular quede circunscrita a la fase de juicio oral y a la formulación inicial de la querella. «Lo que buscamos con esta medida es acabar con las filtraciones interesadas y constantes de las diligencias por parte de esas acusaciones que tienen objetivos políticos», ha explicado.

Se pretende que la fase de instrucción esté protagonizada por la Fiscalía y perjudicados directos del delito, «nadie más»

López ha destacado que la fase de la instrucción debe estar protagonizada e impulsada por el Ministerio Fiscal y por los perjudicados directos por el delito, «nadie más».

Así, el PSOE busca acabar con los «intentos abusivos» de pedir diligencias desconectadas del objeto de la investigación «con el único fin de dar un perfil mediático a un proceso judicial».

El segundo mecanismo que plantea el PSOE en su proposición de ley es la obligación de inadmitir querellas basadas exclusivamente en recortes de prensa. Este es el caso de la que presentó Manos Limpias contra Begoña Gómez.

Supresión del delito de ofensas contra los sentimientos religiosos

El PSOE aboga además por suprimir el artículo 525 del Código Penal, de ofensas a los sentimientos religiosos, un delito que según ha señalado «no registra apenas condenas» aunque es utilizado «permanentemente por organizaciones ultras y fundamentalistas para perseguir a artistas, a activistas, a representantes electos, haciéndoles pasar por procesos penales que son muy costosos a nivel económico, pero sobre todo a nivel personal, sin fundamento alguno».

Ha puesto el ejemplo del proceso iniciado contra el gran Wyoming o Dani Mateo por sus comentarios sobre la Cruz del Valle de los Caídos y la polémica sobre la estampita que mostró en las campanadas de Nochevieja en TVE la cómica Lalachus.

No obstante, López ha querido dejar claro que con esta ley no se despenaliza el ataque o el acoso por motivos religiosos. «Si se ataca o se acosa por su fe en la reputación de una persona, está el delito de injurias, si se alienta la violencia o la discriminación contra los católicos están los delitos de odio, y si se trata de impedir con violencia la libertad religiosa o la libertad de culto, está el artículo 522 del Código Penal».

Abstención y recusación de jueces por declaraciones de contenido político

«Todos estos mecanismos de acoso tienen un denominador común, que es la judicialización de la política. Y la judicialización de la política corre el riesgo de desembocar en una politización de la justicia porque hay sectores que animan a jueces y magistrados a significarse políticamente, para así poder iniciar procesos donde partan con ventaja, y esto tiene una consecuencia fatal para la imagen de la imparcialidad del Poder Judicial», ha dicho Patxi López.

Para evitarlo, piden reformar la Ley Orgánica del Poder Judicial para incluir una nueva causa de abstención o de recusación, de manera que cuando un juez o magistrado haya realizado públicamente manifestaciones a favor o en contra de partidos políticos, de sindicatos, de asociaciones u otras entidades públicas o privadas no podrá participar en un proceso en el que estas personas u organizaciones formen parte.

López ha reconocido que aún no ha mantenido contactos directos con el resto de grupos de la Cámara para buscar los apoyos necesarios para sacar adelante esta iniciativa y, a preguntas de los periodistas, ha dicho que confía en que los propios jueces verán «con buenos ojos» esta norma que garantiza su prestigio, su neutralidad y su buen hacer frente a injerencias de otro tipo.

Sumar, Podemos y Junts

Sin embargo, algunos de sus socios ya se han posicionado en términos críticos, especialmente Junts, que anuncia un texto alternativo.

La formación catalana considera que esta ley es «insuficiente, limitada y no aborda el problema de fondo». Presentará enmienda a la totalidad porque «no soluciona el problema estructural del Estado español y se aleja de una verdadera regeneración democrática».

Junts anuncia enmienda a la totalidad: «Si no hubieran mirado a otro lado antes, la dictadura de las togas no existiría»

El 'lawfare' y la politización de la justicia, recuerda Junts, han afectado a los independentistas «durante años». «Si los socialistas hubieran actuado antes y no hubieran mirado hacia otro lado, la dictadura de las togas no seguiría actuando impunemente», añade.

Sumar ya ha anticipado un recelo que tiene que ver con un contenido concreto. Para su portavoz en la Comisión de Justicia del Congreso, Enrique Santiago, la acusación popular en los tribunales es «un avance democrático» que no debe cercenar porque «ha posibilitado perseguir la corrupción y las violaciones de DDHH ante la inacción del Estado».

En este sentido, el diputado ha replicado a su socio de gobierno que el ‘lawfare’ «se combate impidiendo que los jueces hagan política, no restringiendo la acusación popular».

Por su parte, fuentes de Podemos consideran «ineficaz» la propuesta del PSOE y lamentan su «falta de ambición» porque, en su opinión, «no remediará el error de entregarle el control de los jueces al PP».

Además, la formación morada ha advertido de que «excluir a las administraciones públicas de la acusación popular puede poner en peligro su personación en casos de violencia machista».

AL igual que Sumar, opina asimismo que la reforma sobre la eliminación del delito de ofensa a los sentimientos religiosos es «muy limitada», ya que a su juicio deberían revisarse también otros delitos «igualmente anacrónicos», como el de injurias a la Corona o el de los delitos de odio, para que proteja únicamente a colectivos vulnerables.