La retirada de la tarjeta de residente a 4.500 bilbotarras, sin previo aviso, ha derivado en que 1.500 usuarios de la OTA hayan sido multados provocando un aluvión de reclamaciones. Frente a quienes vuelven a cuestionar la gestión del sistema de control del estacionamiento, el Consistorio responde que se trata de regularizar la situación de los afectados, de modo que muchas sanciones decaerán. La oposición señala a la responsabilidad política del Área de Movilidad y Sostenibilidad.

NAIZ ha podido confirmar que algo similar a lo sucedido con la OTA está afectando a personas que disponen de autorización para circular con su vehículo por la Zona de Bajas Emisiones (ZBE) y están siendo multados. En este caso, el número de sanciones es mayor y muchos de los afectados llevan semanas tratando de resolver el problema que les ha generado la gestión del área que dirige Nora Abete.

El sistema de OTA implantado en Bilbo en 2023 no comenzó con buen pie. Se anunció su puesta en marcha el 30 de octubre y finalmente fue el 11 de diciembre tras resolverse los desajustes detectados en el nuevo sistema informático. Semanas después, el Ayuntamiento informó que iba a devolver el dinero cobrado «indebidamente» y admitió que la nueva app que implantó «no era todo lo accesible o intuitiva posible» por lo que iba a actualizarla.

En diciembre, se actualizó la información sobre los cerca de 36.000 usuarios con derecho a tarjeta de residente y se excluyó por diversos motivos a 4.500. Los responsables municipales aseguran que se publicó sendos avisos en la web y en la app de la OTA para que se verificará con el DNI y la matrícula del vehículo de que todo estaba conforme. Muchas personas no lo hicieron y, a partir de la semana pasada comenzaron a recibir las notificaciones de multa por estacionamiento indebido cuando los afectados desconocían que se les había retirado la tarjeta.

Sostienen desde el Área de Movilidad que podrían haber enviado una carta a los afectados pero no se hizo «por una cuestión de eficacia administrativa». Esta decisión ha provocado al menos 1.500 multas de 100 euros, que se quedan en 50 por pronto pago, y un enfado importante entre los sancionados, que mantienen ocupado al personal de la oficina de atención de la OTA, dedicado a despejar dudas y a tratar de resolver el problema.

Hay vecinos que aguardan una sucesión de multas, lo que aclaran los responsables de Movilidad que no va a suceder. Subrayan que no tienen un «afán recaudatorio» y que se persigue que los residentes afectados regularicen su situación.

Entre las razones por la que se ha retirado la tarjeta de residentes está la de no disponer de carné de conducir o haberlo perdido, no haber actualizado el número de matrícula tras cambiar de vehículo, cambiar de domicilio sin notificarlo, o mantener deudas con el Consistorio. Asimismo, con la ordenanza en vigor, se limita a dos vehículos con distintivo por domicilio.

Críticas de la oposición

Desde la oposición no tienen la misma opinión sobre lo sucedido, que achacan a la gestión de la OTA. Para EH Bildu, por ejemplo, el Gobierno municipal PNV-PSE ha vuelto a demostrar «la incapacidad de realizar una buena gestión» y ha instado a que se subsane el error «lo antes posible».

El concejal Karlos Renedo ha considerado «inadmisible» que en 2025, «sin la notificación correspondiente», se les retire la tarjeta de la OTA a las personas usuarias, ya que ello provoca situaciones como la denunciada. «Lo lógico en cualquier administración pública sería ponerse en contacto con los y las usuarias para explicarles que no cumplen la totalidad de los requisitos, darles un plazo para presentar la documentación necesaria y, en caso de no poder cumplimentarla, proceder a la retirada de la tarjeta, siempre con la notificación correspondiente», ha explicado.

«El Gobierno municipal presume de digitalización de la OTA, de la implantación de la app, de la consolidación del sistema de matrículas, pero ¿después no es capaz de realizar una comunicación individualizada a la ciudadanía?», se ha preguntado Renedo, para añadir que es «incoherente y va en contra del modelo de gobierno transparente, moderno y participativo que se dice defender».

El grupo municipal del PP ha presentado una proposición en la que insta al Gobierno municipal a dejar sin efecto las sanciones impuestas. Lo sucedido, en su opinión, demuestra una «falta de eficacia» en la gestión del Área de Movilidad.

«Las administraciones públicas deben estar al servicio del ciudadano y actuaciones como esta son una falta grave al servicio público», ha añadido el PP en una nota.

Elkarrekin Podemos ha recordado lo «aparatoso» que resultó la implantación de la nueva OTA. «Hay una responsabilidad política que es exclusiva del Área de Movilidad y Sostenibilidad. Hay un error de gestión. Se debía haber comunicado personalmente», sostiene.