Una jueza federal de Maryland emitió este miércoles una orden preliminar que paraliza a nivel nacional la orden ejecutiva del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, para poner fin a la ciudadanía por nacimiento de los hijos de migrantes indocumentados.

El fallo prohíbe indefinidamente la aplicación de una de las órdenes ejecutivas más controvertidas de Trump, que debía entrar en vigor en todo el país el 19 de febrero.

«La negación del preciado derecho a la ciudadanía causará un daño irreparable» al país, afirmó la jueza de distrito Deborah Boardman durante una audiencia en un tribunal de Maryland con cinco mujeres indocumentadas embarazadas, representadas por el Instituto de Defensa y Protección Constitucional del Centro de Derecho de la Universidad de Georgetown.

Esas mujeres, junto a grupos de derechos civiles, argumentaron a favor de que se bloqueara la orden ejecutiva que Trump firmó tras jurar al cargo el pasado 20 de enero y que forma parte de la ofensiva contra los migrantes de su nuevo Gobierno.

La magistrada destacó que los precedentes de la Corte Suprema protegen la ciudadanía por nacimiento y agregó que la orden de Trump «entra en conflicto con el lenguaje llano de la 14ª Enmienda», según informa el ‘Washington Post’.

«Ningún tribunal del país ha respaldado nunca la interpretación del presidente», dijo. «Esta Corte no será la primera».

La orden judicial se suma a una suspensión de 14 días emitida en enero por el juez federal del estado de Washington John Coughenour, que consideró el decreto «descaradamente inconstitucional». Trump declaró entonces que pensaba apelar el fallo. 

La ciudadanía por derecho de nacimiento está consagrada en la Constitución de Estados Unidos bajo la 14ª Enmienda, que garantiza la ciudadanía a todas las personas nacidas en territorio estadounidense.

El decreto de Trump se basa en la idea de que cualquier persona que se encuentre en Estados Unidos ilegalmente, o con una visa, no está «sujeta a la jurisdicción» del país y, por lo tanto, queda excluida de esta categoría.

Sus detractores argumentan que la enmienda, ratificada en 1868, cuando Estados Unidos intentaba recuperarse de la Guerra Civil, lleva más de un siglo vigente.