La red de vivienda del casco viejo gasteiztarra, Auzoan Bizi, ha dado a conocer este jueves el juicio al que se enfrenta una familia con cuatro menores. La vivienda en la que residen desde hace un año pertenece a Kutxabank, y el fiscal ha pedido una multa económica, además de mantener el desalojo.

Según informa Auzoan Bizi, a pesar de contar con múltiples documentos que acreditan su residencia, el Ayuntamiento ha impedido su empadronamiento, hasta que hace poco más de un mes, tras la mediación del colectivo, la familia logró obtener el padrón social.

Harri Inmuebles, una de las muchas sociedades propietarias a través de las cuales Kutxabank gestiona sus activos inmobiliarios, interpuso una denuncia pidiendo el desahucio de la familia.

«Durante el juicio, el representante de Harri Inmuebles ha mostrado un desconocimiento absoluto sobre la vivienda, la familia y el caso. Además, el documento de titularidad que la parte denunciante ha entregado no tiene validez jurídica, habiendo entregado una nota simple del año 2020 en la que la dirección de la vivienda era incorrecta. Esto hace evidente que para ellos esa vivienda no es más que otro objeto de especulación», denuncia Auzoan Bizi.

Por ello, exigen la paralización «inmediata» del desahucio: «No vamos a permitir que más familias sean expulsadas de sus casas mientras los bancos siguen aumentando sus beneficios a costa de la precariedad de las personas».

Desde Auzoan Bizi recuerdan que, mientras tanto, Kutxabank continúa generando enormes beneficios. De hecho, en los nueve primeros meses de 2024, la entidad bancaria obtuvo ganancias de 396,2 millones de euros. «Una parte de ellas provenientes de desahucios y de su inversión en la compraventa de armas», denuncia el colectivo.