Los Mossos d’Esquadra gestionarán la seguridad de puertos y aeropuertos y estarán en las fronteras, en cooperación con la Policía española y la Guardia Civil, en tanto que la Generalitat de Catalunya tendrá la competencia integral de los Centros de Internamiento de Extranjeros (CIE) y de las devoluciones de extranjeros.

Así consta en la proposición de Ley Orgánica de Delegación de competencias en materia de Inmigración que han registrado a primera hora de este martes en el Congreso español de forma conjunta el PSOE y Junts gracias al acuerdo sellado entre ambos partidos.

Las líneas maestras de la proposición, de la que han informado ambos partidos, contempla también que Catalunya se configura como «ventanilla única» en su territorio de las autorizaciones de estancia de larga duración, residencia temporal y residencia de larga duración, así como en la expedición del documento de identidad para los extranjeros (NIE).

También gestionará las devoluciones de extranjeros, cuando tengan prohibición de entrada, para lo que los Mossos estarán en frontera y actuarán siempre en coordinación con la Guardia Civil y la Policía española.

La Generalitat ejercerá la competencia sancionadora de los procedimientos administrativos, incluida la resolución y ejecución y, en las contrataciones en origen, determinará junto a empresas y sindicatos los perfiles y el contingente de trabajadores y trabajadoras extranjeras. Los Mossos ejercerán, por su parte, la competencia para la prevención, persecución, protección y asistencia a las víctimas de trata y explotación de seres humanos.

El acuerdo prevé un incremento de 1.800 policías autonómicos, hasta alcanzar la cifra total de 26.800 agentes, y establece que el Estado transferirá los recursos humanos, técnicos y económicos necesarios para que Catalunya ejerza la competencia que se le delega.

Según defienden el PSOE y Junts, con esta ley orgánica Catalunya podrá desarrollar un modelo propio y una política integral, ya que las instituciones catalanas tendrán una posición determinante en el marco de la legislación internacional europea y nacional en todas las fases de la relación de los inmigrantes con la administración. Ambos partidos justifican la necesidad del traspaso en que el 18% de la población catalana tiene nacionalidad extranjera y un 24% ha nacido fuera de Catalunya.

Guardias civiles lo reclaman solo para cuerpos españoles

La Asociación Unificada de Guardia Civiles (AUGC) ha calificado de «mercadeo político» la cesión de competencias en inmigración a la Generalitat de Catalunya y ha advertido de que esta medida «choca frontalmente» con el marco legal vigente, mostrado así su «preocupación y rechazo ante el acuerdo entre el PSOE y Junts».

«Esta medida choca frontalmente con el marco legal vigente, ya que la competencia en materia de inmigración es exclusiva del Estado y está encomendada a la Policía Nacional y la Guardia Civil», ha lamentado esta asociación en una nota de prensa.

En ese sentido, ha recordado que el control de las fronteras, la gestión de los flujos migratorios y la lucha contra la inmigración irregular «son funciones esenciales del Estado que no pueden ser objeto de mercadeo político».