Un grupo de inmigrantes que fue bloqueado en el mar en 2028 por el entonces ministro del Interior, Matteo Salvini, tendrá que ser indemnizado por el Gobierno italiano, según ha establecido una sentencia del Tribunal Supremo del país.

La actual primera ministra, la ultraderechista Giorgia Meloni, al frente de una coalición apoyada por Salvini, ha tachado el veredicto de «frustrante».

«En resumidas cuentas, a causa de esta decisión, el Gobierno deberá indemnizar –con el dinero de ciudadanos italianos honestos que pagan impuestos– a personas que intentaron entrar ilegalmente en Italia, violando las leyes del Estado», ha escrito en la red social X.

En concreto, se trata de un grupo de migrantes que habían sido rescatados por el buque Diciotti de la Guardia Costera en agosto de 2018 y cuyo desembarco fue impedido por Salvini, dejándoles durante diez días en el mar.

El bloqueo duró desde el 16 al 25 de agosto y Salvini se negó durante cuatro días a conceder a esa nave militar un puerto al que llevar a los migrantes y, luego, tras indicar el de Catania, les mantuvo otros seis días frente al muelle sin dejarles bajar.

El político ultraderechista por entonces gobernaba en coalición con el Movimiento Cinco Estrellas y, al frente de Interior, impulsó una férrea política de puertos cerrados a la inmigración, que aplicó sobre todo a las ONG de salvamento, como fue el caso del Open Arms.

Salvini, actual vicepresidente y titular de Transportes en el Ejecutivo de Meloni, fue denunciado por uno de los perjudicados de aquella decisión, el eritreo M.G.K, y otros connacionales, por haberles «privado ilegítimamente de la libertad personal».

La Corte finalmente ha condenado al Gobierno porque uno de sus representantes, con sus políticas, «incidió directa e inmediatamente en la esfera jurídica de los denunciantes, comportando lesiones de sus derechos fundamentales, constitucionalmente tutelados».

Sin embargo, el Supremo, que da así la vuelta a la decisión de un tribunal de primer grado de denegar esta indemnización, se limita solo a aceptar su pago, pero sin especificar su cuantía, que deberá ser estipulada por la Corte de Apelación de Roma.

La derecha, «indignada»

La sentencia ha indignado a la derecha en el Gobierno: mientras Meloni la tachaba de «frustrante», Salvini, responsable de aquellas políticas, la ha definido como «vergonzosa».

«Pedir que sean los ciudadanos italianos quienes paguen por la defensa de sus fronteras, creo que es indigno. Tendrían que pagar los jueces», ha sostenido el ultraderechista.

El ministro de Exteriores y jefe de la conservadora Forza Italia, Antonio Tajani, también ha lamentado «las bases jurídicas» de esta sentencia: «Si todos los inmigrantes irregulares pidieran una indemnización, colapsarían las arcas del Estado».

Desde la principal fuerza de la oposición, el Partido Demócrata, su secretaria Elly Schlein ha lamentado que Meloni «siga alimentando el choque con la magistratura» y ha criticado que «cada día el Gobierno ataque las sentencia» de los jueces.

El Movimiento Cinco Estrellas, también en la oposición, no se ha pronunciado, ya que por entonces gobernaba su actual líder, Giuseppe Conte.

La presidenta del Supremo, Marguerita Cassano, ha recordado en la agencia Ansa que las decisiones del tribunal «y la del resto de jueces pueden ser objeto de crítica», pero que «los insultos» que «ponen en tela de juicio la división de poderes son inaceptables».

Este fallo llega en medio de una pugna entre el Gobierno de Meloni y la justicia por los centros construidos en Albania para repatriar inmigrantes irregulares, cuyo funcionamiento ha sido impedido hasta ahora por los jueces y sobre lo que deberá pronunciarse el Tribunal Europeo de Justicia.