Un juez belga investiga un posible caso de corrupción en el que estarían implicados Huawei, parlamentarios europeos y asistentes de estos. Una persona ha sido detenida en el Estado francés, se han precintado las oficinas de dos asistentes y se han registrado la sede de la empresa china en Bruselas –ubicada muy cerca de las instituciones europeas–, además de los domicilios de 21 intermediarios de la firma tecnológica en Bélgica y Portugal, según ha informado la Fiscalía Federal belga.

Se les acusa de haber participado en delitos de soborno, falsificación, blanqueo de dinero y organización delictiva en el Parlamento Europeo desde 2021 hasta la actualidad, «bajo la apariencia de cabildeo comercial y adoptando diversas formas, como la remuneración por cargos políticos o regalos excesivos, como comida, gastos de viaje o invitaciones regulares a partidos de fútbol».

«Los beneficios financieros vinculados a la presunta corrupción pueden haber sido mezclados en flujos financieros relacionados con gastos de conferencias y pagados a diversos intermediarios, con el objetivo de ocultar su naturaleza ilícita o permitir a los autores eludir las consecuencias de sus actos. Desde esta perspectiva, la investigación también está tratando de identificar elementos de blanqueo de capitales, en su caso», ha apuntado la Fiscalía.

De momento, ni esta ni la Eurocámara han identificado a los dos asistentes, ni a ninguno de la «quincena» de eurodiputados que, según creen los investigadores, estarían involucrados.

De tratarse de algún eurodiputado con mandato activo, el juez de instrucción de Bruselas debería solicitar al Parlamento Europeo el levantamiento de su inmunidad antes de poder procesarle, siempre que no sea sorprendido en flagrante delito.

La presidenta del Parlamento Europeo, Roberta Metsola, ha sido informada de la solicitud de precintado de los despachos en Bruselas de los dos asistentes parlamentarios y su portavoz ha señalado que la institución cumplirá «rápida y plenamente» con la solicitud de cooperación de las autoridades belgas.

La compañía asiática ya ha señalado que «se toma muy en serio estas acusaciones y se comunicará urgentemente con la investigación para comprender mejor la situación», según ha señalado su filial en Bruselas en declaraciones a la agencia EFE.

También el Gobierno chino se ha posicionado sobre el asunto, asegurando que «no se deben politizar los asuntos comerciales ni reprimir empresas mediante medios infundados».

La portavoz del Ministerio de Exteriores, Mao Ning, ha señalado que Pekín «ha exigido siempre a sus empresas cumplir estrictamente con las leyes y regulaciones de los países en los que operan».

«Al mismo tiempo, esperamos que las partes relevantes respeten las normas económicas y comerciales internacionales y proporcionen un entorno de negocios justo, transparente y no discriminatorio para las empresas chinas en Europa», ha agregado.

Recuerdo del Catargate

El Observatorio Corporativo Europeo (CEO, en sus siglas en inglés), organización que sigue la actividad de los grupos de presión en Bruselas, ha condenado «la falta de acción robusta de las instituciones de la UE con respecto a la transparencia y la ética, lo que significa que las mismas condiciones que produjeron el último», en referencia al Catargate, «nunca se han abordado adecuadamente».

Ha insistido en que el caso de Huawei «muestra que la UE no ha aprendido lecciones sobre las normas éticas» y que el club comunitario «tiene que consolidar y acelerar la implementación del organismo ético que se acordó» tras el caso mencionado, en el que lobistas trataron de influir a través de eurodiputados para favorecer a Catar y Marruecos.

También ha indicado que la revisión prevista en junio del registro de grupos de presión de la UE plantea «una oportunidad urgente de introducir reglas jurídicamente vinculantes (...) que garanticen la transparencia y la rendición de cuentas en los pasillos de poder de Bruselas, con sanciones significativas por infracciones».

Según los medios que han desvelado la investigación, el objetivo de estas actividades de presión perseguiría contrarrestar los intentos de Estados Unidos para excluir a las compañías de telecomunicaciones chinas de mercados sensibles, así como para abogar por que el mercado europeo se abra a estas últimas.