Los acuerdos fiscales entre PNV, PSE y Podemos han llegado a su término tanto en Bizkaia como en Araba, con la aprobación de retoques tras un largo proceso de negociación. Y en Gipuzkoa han rechazado la enmienda a la totalidad de EH Bildu, preludio de la aprobación definitiva.

Las Juntas Generales de Bizkaia han aprobado, con el 65 % de los votos de la Cámara de los grupos de PNV, PSE y Podemos, la norma foral para la revisión fiscal del sistema tributario que establece según defienden «el alivio de las rentas bajas y pymes» y «permite sostener los servicios públicos».

Lo conseguido «es un buen acuerdo», «protege a los más vulnerables» y «mejora el bienestar de la sociedad vasca», según la portavoz de Podemos Bizkaia, Eneritz de Madariaga.

La diputada foral de Hacienda, Itxaso Berrojalbiz, ha valorado el pacto que permite afrontar los retos presentes y futuros de Bizkaia, mientras el juntero de PSE Goyo Zurro ha manifestado sentirse orgulloso y satisfecho de haber logrado un sistema fiscal más progresista y justo, al tiempo que han reprochado a Bildu y PP que se hayan «autoexcluido» del acuerdo.

En Araba

Las Juntas Generales de Araba también han validado una propuesta similar que EH Bildu encuentra «regresiva».

Se ha desmarcado también el PP, que considera que sube los impuestos «a todos los alaveses», así como Vox.

En el pleno de este miércoles se han votado varias enmiendas y votos particulares que habían llegado al trámite final, pero al igual que ocurrió en comisión hace quince días han sido rechazadas con los votos de los grupos del Gobierno de Ramiro González (PNV y PSE) y de Podemos.

También se ha votado la reforma fiscal en su conjunto y ha salido adelante con los votos de los grupos del Gobierno y de Podemos, que logró introducir 22 enmiendas a cambio de su apoyo.

Entre esas modificaciones está ampliar a 20.000 euros el límite para estar exento de presentar la declaración de la renta, permitir deducciones del 35 % por alquiler a las rentas más bajas y fijar en 68.000 euros el límite en la base liquidable para poder acogerse a la deducción por alquiler y por compra de vivienda. De esta manera, quien supere esa cantidad no puede acceder a las deducciones.

En Gipuzkoa, otro paso

Por su parte, las Juntas de Gipuzkoa han rechazado también este día la enmienda a la totalidad presentada por EH Bildu en este territorio a la reforma fiscal, que da así un nuevo paso hacia su aprobación definitiva en el pleno que esta institución celebrará el próximo 7 de mayo.

La moción de EH Bildu que solicitaba la retirada del proyecto de norma de la reforma fiscal en Gipuzkoa ha contado únicamente con los votos de sus junteros, mientras que los de PNV y PSE, que gobiernan en coalición, han votado en contra, al igual que han hecho los representantes de Elkarrekin-Podemos. Los del PP se han abstenido.

La diputada foral de Hacienda y Finanzas, Itziar Agirre, ha defendido a reforma fiscal afirmando que mejorará la situación de 11.500 microempresas y 30.000 autónomos, que se beneliciarán de una medida que pondrá a su disposición 18 millones de euros, así como de otros 20 millones para las compañías que realicen aportaciones a planes de previsión social.

Agirre ha destacado además que, «partiendo de un sistema fiscal fuerte, y ante la situación de incertidumbre macroeconómica en el contexto internacional actual», esta reforma busca ayudar a las personas y seguir protegiendo la cohesión social.

Por el contrario, la portavoz de EH Bildu, Maddalen Iriarte, ha asegurado que el proyecto de norma impulsado a tres bandas no es una reforma fiscal sino «un retoque que no garantiza una suficiente recaudación», además de ser «cortoplacista», «no aportar seguridad» y «no tener vocación de país».

La representante de Elkarrekin Gipuzkoa, Miren Etxebeste, ha defendido la necesidad de «impulsar una reforma integral que logre modificar la estructura fiscal que impera en Euskadi y en el régimen común hacia un modelo realmente progresivo, más social que logre recaudar más y de una manera más justa», tras criticar que las reglas fiscales que están vigentes actualmente «suponen un calvario para autónomos, pymes, micropymes y las familias de rentas medias y bajas, cuyo poder adquisitivo se ha visto fuertemente mermado hasta límites insospechados a consecuencia de la inflación y de la subida de los costes de la energías».