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Gueñes rechaza el proyecto del parque eólico El Roble con siete aerogeneradores

El Ayuntamiento de Gueñes se suma a otras instituciones y colectivos de Enkarterri en su rechazo al proyecto de parque eólico El Roble. El Consistorio incide en las múltiples afecciones al medio natural que causarán los siete aerogeneradores y cinco kilómetros de nuevos tendidos eléctricos.

Movilización de la plataforma Enkarterrin Makroeolikorik Ez.
Movilización de la plataforma Enkarterrin Makroeolikorik Ez. (Enkarterrin Makroeolikorik Ez)

El Ayuntamiento de Gueñes ha expresado su «clara oposición» al proyecto del parque eólico El Roble, que prevé la instalación de siete aerogeneradores en los términos municipales de Zalla, Sopuerta, Galdames y Gueñes.

En un comunicado, el Ayuntamiento ha señalado que ha presentado al Gobierno de Lakua alegaciones al proyecto, que también incluye una línea de alta tensión de 5 kilómetros para evacuar la energía a través de la subestación de La Jara, en Gueñes. A esta infraestructura también se opone el Consistorio de Zalla.

Para el Ayuntamiento de Gueñes, este proyecto «pone en riesgo 14,95 hectáreas del municipio» y afecta a montes de utilidad pública y hábitats de interés comunitario, como los prados pobres de siega y los bosques de ribera.

Asimismo, señala que la instalación de 7 aerogeneradores y 5 kilómetros de nuevos tendidos eléctricos «supone una grave amenaza para especies protegidas, como el alimoche, el visón europeo y diversos murciélagos, además de generar un significativo impacto visual y paisajístico».

Enkarterri, «enclave crítico»

Además, según el Servicio de Patrimonio Natural de la Diputación de Bizkaia, Enkarterri es «un enclave crítico para la conservación del alimoche, un valor que el Ayuntamiento está decidido a proteger frente a una planificación eólica inadecuada».

Por otra parte, la plataforma Enkarterrin Makroeolikorik Ez ha presentado 2.016 firmas de apoyo a «alegaciones populares» al proyecto del parque eólico El Roble, en las que se solicita que no se otorgue la autorización administrativa previa y que se emita una declaración de impacto ambiental negativa.