El Parlamento aprobó ayer el proyecto de ley para el endeudamiento de mil millones de euros «que tengan impacto directo en el sector científico-tecnológico, empresarial e industrial», y que se «destinará a la realización de inversiones financieras a través del Instituto Vasco de Finanzas (IVF)».

Según ha comprobado NAIZ, el IVF ha encargado a la consultora KPMG Asesores SL «los servicios necesarios para la definición de un plan de actuación para el impulso a través de instrumentos financieros de la transición/ transformación del tejido empresarial e industrial vasco, en alianza con el conjunto del ecosistema financiero e inversor vasco», por un precio de 181.500 euros. La adjudicación se produjo el 14 de abril y se formalizó el 9 de mayo.

El expediente de contratación se inició el 10 de marzo y a él se presentaron seis consultoras. La elegida fue KPMG Asesores SL, que obtuvo la mayor puntuación gracias a la ventaja obtenida en «los juicios de valor». En la puntación total de fórmulas, la ganadora había sido otra firma.

KPMG fichó a Arantxa Tapia

KPMG España anunció el 9 de abril la contratación de la exconsejera de Industria Arantxa Tapia como «asesora estratégica» con el objetivo de «impulsar el crecimiento de la firma en Euskadi» y seguir consolidando «la competitividad de la economía vasca y de sus empresas».

Tapia también obtuvo la autorización del Gobierno para trabajar con CSP Iberian Bilbao Terminal, una filial del grupo chino Cosco Shipping.

Como el de Industria

Para justificar que el proyecto de ley de reforma del presupuesto para el endeudamiento en mil millones de euros se tramitara en el Parlamento por lectura única y urgencia, el Gobierno adujo que suscribió «el 3 de marzo de 2025 con los principales actores del ecosistema financiero de Euskadi un Protocolo de Colaboración para establecer una Alianza Vasca para activar nuevos instrumentos financieros público-privados en Euskadi» a través de Instituto Vasco de Finanzas.

Y apenas una semana después, el IVF puso en marcha esta contratación asegurando que «la definición de un plan de actuación para el impulso a través de instrumentos financieros de la transición/transformación del tejido empresarial e industrial vasco» es una tarea que «no puede ser asumida con los recursos humanos y técnicos de que dispone el Instituto Vasco de Finanzas, siendo además inconveniente o imposible su reorganización».

Lo mismo ocurrió con el Plan de Industria del Gobierno de Pradales, que se subcontrató en enero a la firma Zabala Innovation.

La ley que aprueba el endeudamiento en mil millones contó con el voto a favor de PNV y PSE y también de EH Bildu que, sin embargo, hizo hincapié en la necesidad de abordar estas cuestiones con seriedad. Y precisamente respondió al consejero de Hacienda que «no sabemos cuál es el plan de inversiones. (...) usted ha anunciado un plan. Acaban de licitar a una consultora, precisamente escasamente un mes, la elaboración de un plan de inversiones. Antes de eso ya han anunciado que estos 1.000 millones van a traccionar 3.000 millones. Eso es un desiderátum, y es una política industrial a base de titulares», afirmó Pello Otxadiano.