El Ministerio Público tomó cartas en el asunto a raíz de una denuncia presentada en 2024 por la asociación conservacionista Áncora. Una vez concluidas sus pesquisas, ha remitido el caso a un Juzgado de Instrucción de Donostia, al considerar que los hechos podrían constituir «un delito contra el patrimonio histórico».

La villa fue proyectada en 1902 por Francisco Urcola y estaba incluida en el Plan Especial de Protección del Patrimonio Urbanístico Construido (PEPPUC), con un grado de protección D. «Según su ficha particular, estarían expresamente protegidas en las fachadas las decoraciones en revocos e imitaciones de piedra, la madera de las cornisas y la herrería, excluyéndose de toda protección el edificio anexo, que fue construido con posterioridad».

La Fiscalía recuerda que en abril de 2021 se presentó el proyecto básico del hotel, en el que se planteaba que «la intención original era derribar la totalidad de la fachada trasera y gran parte de ambas fachadas laterales, respetando únicamente la fachada principal y una pequeña fracción de las fachadas laterales».

Sin licencia

En las fotografías del proceso de derribo «se constata que las obras continuaron sin haberse obtenido todavía la licencia» correspondiente. En julio de 2021 la arquitecta del Ayuntamiento «informó de forma desfavorable a la licencia de obra, por no adecuarse a la normativa recogida en el PEPPUC». 

En respuesta, los propietarios del edificio presentaron un proyecto básico refundido en el que se hacía referencia a «la ‘preservación’ o ‘conservación’ de las fachadas», pero estos planos fueron entregados «cuando la fachada trasera (sur) había sido totalmente derribada y las fachadas laterales (este y oeste) habían sido parcialmente derribadas».

La Fiscalía añade que «basándose exclusivamente en el proyecto presentado y desconociendo los derribos ya acometidos, el 13 de octubre de 2021 la arquitecta municipal informó de forma favorable a la licencia». Más tarde, durante el primer semestre de 2022, «para construir la nueva planta sótano se volvió a producir un nuevo derribo parcial de las fachadas laterales».

Recrecido de unos 75 centímetros

Respecto a la posterior reconstrucción de las fachadas, se llevó a cabo «un recrecido en altura» de unos 75 centímetros, además de «algunas diferencias en la reconstrucción de la fachada oeste». En consecuencia, la Fiscalía concluye que «han sido derribados y destruidos elementos permanentes objeto de protección cultural en los catálogos vigentes en el planeamiento urbanístico municipal y que se ha alterado gravemente un edificio singularmente protegido por su interés histórico, artístico, cultural o monumental».

«Todos los intervinientes en estas obras, profesionales de la construcción, eran plenamente conocedores de la importancia cultural del edificio y de los elementos permanentes que lo integraban, así como de los trámites administrativos necesarios para alegar imposibilidades técnicas para su mantenimiento. Además, el derribo de las fachadas protegidas no fue comunicado al Ayuntamiento, ni se presentaron modificaciones», añade el documento jurídico.

Áncora contrasta la postura de la Fiscalía con la «del Consejo Asesor de Patrimonio Local» que, con el único voto en contra de esta asociación, «sostuvo que tales alteraciones no eran ‘sustanciales’, avalando una intervención que supuso de facto la práctica desaparición del edificio protegido».

También ha criticado la «falta de control por parte del Departamento de Urbanismo, al permitir que el proyecto continuase sin licencia de obra en varias fases. En lugar de actuar para paralizar y sancionar estas irregularidades, desde el área municipal se ha colaborado con la propiedad para posibilitar la reapertura del hotel, incluso cuando se demostró que venía operando sin licencia de actividad».