El Gobierno de Imanol Pradales considera que «en las últimas dos décadas el ecosistema cultural vasco ha alcanzado un alto nivel de madurez, derivado fundamentalmente de su institucionalización, sus equipamientos e infraestructuras, su planificación y la adopción de medidas de impulso a los distintos subsectores».

El Ejecutivo autonómico recuerda que «ya desde el Plan Vasco de la Cultura de 2004 se comenzó a labrar el concepto de Sistema Cultural Vasco, como mecanismo para permitir un desarrollo cultural coordinado». Y ha llegado a la conclusión de que «el reconocimiento y la regulación del Sistema Cultural Vasco» debe hacerse «mediante una ley», para asegurar su «estabilidad y permanencia», «fortalecer el ecosistema cultural vasco y a garantizar la consiguiente seguridad jurídica».

Esta ley tendrá el importante objetivo de «su continuidad y permanencia en el tiempo, así como el adecuado funcionamiento del ecosistema cultural vasco, a través de la consolidación e, incluso, mejora de los procesos vigentes de colaboración, cooperación y coordinación entre todas las instituciones y los agentes que lo conforman. En esta Ley, además, contemplará un conjunto de obligaciones a cumplir en el seno del sistema, para alcanzar el pleno ejercicio de los derechos culturales».

Pero el Departamento de Cultura y Política Lingüística, que dirige la vicelehendakari Ibone Bengoetxea, sostiene que «dada la naturaleza y especificidad de las labores anteriormente mencionadas, no pueden ser abordadas por la Viceconsejería de Cultura, dado que requieren una alta cualificación técnica y un elevado conocimiento en la materia». «La creación -añade- de un proyecto de ley que abarque todo el sistema cultural de Euskadi requiere para poder ser afrontado con garantías de un servicio técnico específico, especializado y altamente cualificado en estas tareas».

Y su conclusión ha sido que algo tan complejo y específico sobre el sistema cultural vasco que no puede hacer la Administración lo puede llevar a cabo un despacho de abogados de Madrid.

CONTRATO DE 79.479 EUROS

Lakua decidió contratar en el exterior la «asistencia técnica en la redacción de los materiales que sirvan de base para la elaboración y tramitación de un Proyecto de Ley del Sistema Cultural de la CAE». Lo hizo en diciembre de 2024, con un presupuesto base de licitación del contrato de 99.220 euros, con IVA.

A esta licitación tan solo accedió el despacho madrileño Estudio Jurídico Gabeiras y Asociados SLP, que presentó una propuesta de 65.700 euros, más los 13.797 de IVA. Lo que suma 79.497 euros.

Por ese precio, el despacho ofrecerá al Gobierno «asistencia técnica para la redacción de materiales que sirvan de base para la elaboración de un eventual anteproyecto de ley del sistema cultural de la CAE», y asistirá «al Departamento de Cultura y Política Lingüística en la preparación y proceso de aprobación de la ley y redactar el material necesario». Esto se concretará en un «informe inicial», un «diagnóstico de la situación» y «una propuesta final del proyecto de Ley». A esto se le sumará la «asistencia y asesoramiento en las etapas de tramitación del proyecto».

700 HORAS DE TRABAJO

Según el pliego de condiciones del contrato, la «carga de trabajo» prevista es de 700 horas, que se dividen en 450 horas para «la asistencia y asesoramiento en la redacción» del proyecto de ley y 250 horas para sus labores en la tramitación.

Las fases estipuladas son un mes para «el informe de inicio», dos meses para el «diagnóstico de situación y conclusiones» y tres meses para la «propuesta definitiva del proyecto de ley». La «memoria resumen» para la «tramitación del proyecto» tiene como fecha límite el 27 de diciembre.

En el calendario legislativo de Lakua esta ley está prevista que sea aprobada por el Consejo de Gobierno en 2026.