Crear un mecanismo de prevención integrado exclusivamente por la sociedad civil es lo que plantea Salhaketa de Nafarroa para atajar los malos tratos en la cárcel de Iruñea que ha recogido en su informe sobre la situación actual del centro penitenciario.

El citado informe ha sido presentado este jueves por Libertad Francés, portavoz del colectivo, quien ha detallado que se trata de una investigación que llevaron a cabo entre mayo y diciembre de 2024 «nuestra Oficina de Atención al Público y el Observatorio de la Realidad Penitenciaria de Nafarroa».

El trabajo tenía como objetivo ofrecer «un análisis sobre la situación actual de la cárcel y la realidad de las personas presas», buscando la contraposición entre «la cárcel legal, la que marca la normativa, frente a la cárcel real, la que funciona efectivamente».

El estudio se ha realizado tomando como fuentes información oficial, datos secundarios, 27 entrevistas tanto entre las personas presas como entre sus familiares y la recogida de 82 quejas formuladas por 52 personas.

Sobre las personas recluidas en la cárcel de Iruñea, que pasó a ser una macrocárcel en 2012, se recoge en el informe que en diciembre de 2024 eran 416, de las que 391 eran hombres y 25 mujeres, con una franja de edad mayoritaria entre los 31 y los 50 años, y del que el 30% corresponde a población extranjera.

Los delitos más frecuentes por los que esas personas se encuentran encarceladas tienen que ver con actuaciones contra el patrimonio y el orden socioeconómico, seguidos de los delitos de violencia de género y contra la libertad e indemnidad sexuales. Y muchos de ellos son cometidos por personas con «diagnósticos relacionados con trastornos mentales y a consecuencia del consumo de sustancias estupefacientes».

Escasa aplicación del tercer grado

En el informe se destaca la escasa aplicación de regímenes con mayores cotas de libertad, ya que el 74,5% de la población penitenciaria en la cárcel de Iruñea está clasificada en régimen ordinario y solo se aplica el tercer grado al 17,2% de los presos. También se pone de relieve el elevado número de personas presas navarras que se encuentran cumpliendo condena en otras cárceles del Estado, con un total de 246.

En lo que respecta al día a día en la cárcel de Iruñea, desde Salhaketa se denuncia el hacinamiento, ya que solo están operativos seis de los 13 módulos del centro, lo que se traduce «en que no se respeta el derecho a la intimidad, ni la separación entre personas preventivas y penadas».

La atención sanitaria ha mejorado desde que asumió esa competencia el Gobierno de Nafarroa en un centro en el que han fallecido diez personas desde 2012, cuatro de ellas por motivos cardiovasculares, tres por causas sin determinar, una por el consumo de drogas y dos suicidios.

En relación a la oferta educativa, se indica que es valorada positivamente, aunque se considera insuficiente y se plantea facilitar las salidas al exterior para realizar formación. En este terreno, recoge que 28 hombres obtuvieron titulación recientemente frente a ninguna mujer.

Uno de los problemas más graves tiene que ver con los testimonios que denuncian malos tratos, vejaciones y humillaciones dentro de la cárcel de Iruñea. En concreto, los presos entrevistados han relatado «la existencia de contenciones mecánicas, cacheos humillantes, malas formas en el trato diario y palizas». Unas quejas que también han formulado familiares de las personas encerradas.

Y sobre la reinserción se recoge que «hay una ausencia generalizada de recurso que se centren en el proceso de salida de prisión» y que «aunque se realizan un elevado número de actividades dentro de la prisión, existe una limitación del acceso a las mismas en igualdad de condiciones por parte de todas las mujeres presas».

Un último punto analizado por el estudio tiene que ver con el aumento de la población penitenciaria de Nafarroa, que ha crecido un 71% en el periodo entre 2006 y 2023, con el dato de que desde la apertura de la macrocárcel en 2012, esa población ha aumentado un 44%.

En el informe se achaca ese incremento precisamente a la mayor capacidad de la macrocárcel y a la reubicación de personas presas a raíz de la asunción de competencias penitenciarias por parte de Lakua.

Recomendaciones

Además de hacer una radiografía de la realidad de la cárcel de Iruñea, el informe recoge varias recomendaciones. Ante las denuncias de malos tratos, se propone «la creación de un mecanismo de prevención de la tortura navarro, integrado exclusivamente por la sociedad civil».

Las funciones de este órgano serían, entre otras, «la prevención de la tortura y de otros tratos y penas crueles, inhumanos o degradantes, así como la vigilancia y el control del cumplimiento de las obligaciones legales y del respeto de los derechos fundamentales de las personas privadas de libertad en todos los espacios de privación de libertad dependientes de Administraciones navarras».  

Una de las recomendaciones fundamentales consiste en la asunción de la competencia en materia penitenciaria por parte del Gobierno de Nafarroa, algo que considera que sería «beneficioso para la población penitenciaria».

También se promueve que las personas navarras o con arraigo en el herrialde que así lo soliciten puedan cumplir condena en la cárcel de Iruñea, además de apostar por la ejecución de las penas en régimen abierto.

Otras peticiones pasan por una mayor dotación de recursos y la formación del personal en terrenos como el sanitario, además de desarrollar la competencia de servicios sociales dentro de la prisión.