Fernández está condenada por irregularidades en la concesión de obras públicas en la provincia de Santa Cruz y presentó recurso a la Corte Suprema por considerar que es víctima de una persecución política y judicial.
La condena firme supone la unanimidad de los tres magistrados que forman la Corte Suprema: Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti.
La expresidenta puede ser detenida este mismo martes y queda inhabilitada para participar de las elecciones de la provincia de Buenos Aires, previstas para septiembre. El fallo del Supremo llegó ocho días después de que la expresidenta anunciara su candidatura.
Al haber alcanzado una decisión antes de la fecha de presentación oficial de las candidaturas para dichos comicios el próximo 19 de julio, la exmandataria queda ahora imposibilitada de competir en esa elección y cualquier otra.
La decisión ratifica así la condena en segunda instancia por irregularidades en la concesión de obras públicas en la provincia de Santa Cruz (sur).
El fallo de la Corte debe ser remitido al Tribunal Oral Federal 2 para que su titular, el juez Jorge Gorini, ejecute la sentencia dictada en 2022, lo que significa que sería detenida en las próximas horas o días.
La defensa de Fernández puede solicitar a ese juez que conceda a la exmandataria el beneficio de la prisión domiciliaria por ser mayor de 70 años, tras haber cumplido 72 en febrero pasado.
«Guardia pretoriana del poder económico»
En declaraciones este lunes en la sede de su partido, en vísperas de la decisión de los jueces, la exmandataria definió a la Corte Suprema como «guardia pretoriana del poder económico» y sostuvo que hay personajes políticos que, habiendo obrado contra los intereses del país, caminan libres por las calles, por lo que, para ella, «estar presa es un certificado de dignidad».
La causa por la que fue condenada, conocida como 'Vialidad', investigó supuestas irregularidades en la adjudicación de 51 obras viales en la provincia de Santa Cruz a compañías del empresario Lázaro Báez durante los gobiernos de Néstor Kirchner (2003-2007) y Cristina Fernández (2007-2015).
La expresidenta fue condenada en 2022 por administración fraudulenta, aunque no fue detenida debido a los fueros que entonces tenía como vicepresidenta del país y a la instancia pendiente de revisión por parte de la Cámara de Casación Penal.
En noviembre de 2024 la Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal confirmó la condena contra Fernández, quien recurrió al Supremo.
Movilizaciones
Antes de conocerse el fallo, sindicatos y organizaciones sociales habían comenzado cortes en distintos accesos a la ciudad de Buenos Aires.
Integrantes del Sindicato de Mecánicos y Afines del Transporte Automotor (SMATA) cortaron el tráfico en la autopista Panamericana, uno de los principales accesos a la capital.
En otro acceso, en el oeste, sindicalistas y organizaciones sociales interrumpían el tránsito, mientras marchaban a pie hacia la sede del Partido Justicialista (PJ).
Más cortes se producían en la Ruta Nacional 1, conocida como autopista Buenos Aires-La Plata, con el tránsito restringido de ambos sentidos, y en la autopista Ricchieri, que conecta el aeropuerto internacional de Ezeiza con la ciudad.
Varios sindicatos advirtieron de que adoptarían medidas de fuerza en caso de que se confirmara la condena.
Además de SMATA, La Unión Obrera Metalúrgica (UOM), la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), la Asociación del Personal Legislativo (APL) y la Asociación Bancaria anunciaron que iniciarán movilizaciones inmediatas en caso de confirmarse la condena.
Por su parte, la Confederación General del Trabajo (CGT) emitió un comunicado titulado “La democracia está en peligro”, en el que rechaza de forma categórica la posibilidad de que Fernández sea encarcelada.
«La persecución a los candidatos confirma que la proscripción electoral es una condición necesaria para imponer un modelo económico y social de desigualdad, fragmentación y empobrecimiento de las mayorías», señaló la CGT en un comunicado publicado a través de su perfil de la red social X.
LA DEMOCRACIA ESTÁ EN PELIGRO
— CGT (@cgtoficialok) June 10, 2025
La persecución a los candidatos confirma que la proscripción electoral es una condición necesaria para imponer un modelo económico y social de desigualdad, fragmentación y empobrecimiento de las mayorías pic.twitter.com/ql16EmvZpA
Por su parte, el presidente argentino, Javier Milei, ha celebrado el fallo. «Justicia. Fin. PD: La república funciona y todos los periodistas corruptos, cómplices de políticos mentirosos, han quedado expuesto en sus operetas sobre el supuesto pacto de impunidad», ha publicado en su perfil de la red social X, en alusión a quienes lo acusaban de mantener un pacto con la exmandataria.
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