La Diputación de Bizkaia no tiene nada que objetar a la reinstalación de negocios en el ábside de la catedral de Santiago, en Bilbo, después de las obras de restauración que se han acometido para recuperar ese Bien Cultural Protegido.

EH Bildu ha puesto en cuestión que se permita, ya que los propios informes técnicos no otorgan ningún valor cultural a los futuros establecimientos que se ubiquen en la trasera del templo, que entienden solo incrementará la presión turística sobre el vecindario del casco histórico.

La diputada foral de Euskara, Cultura y Deportes, Leixuri Arrizabalaga, ha comparecido este miércoles en comisión de las Juntas Generales de Bizkaia, a petición de EH Bildu, para informar sobre la valoración patrimonial de los muros del ábside de la catedral de Santiago, en Bilbo, y los criterios de intervención.

En octubre de 2024, el Servicio de Patrimonio Cultural informó «favorablemente» al proyecto de ejecución de establecimientos comerciales en la trasera del templo, después de que, en mayo, hubiera autorizado la obra e intervención arqueológica en los locales por entonces abandonados.

Más tarde, en septiembre, gracias a los 400.000 euros aportados por Surbisa, Consistorio bilbaino y Diputación, comenzaron los trabajos de derribo de las tiendas adheridas a la iglesia gótica y la posterior rehabilitación de los muros y contrafuertes que han estado siglos ocultos.

Así, se detectaron daños, como la desaparición de piedras de sillería y otras actuaciones que habían afectado al elemento protegido, pero no habían puesto en peligro la estabilidad del monumento. El informe concluye que «a primera vista no parece peligrar la estabilidad estructural del inmueble ni la integridad de sus sistemas constructivos», ha dicho la responsable foral.

El juntero de EH Bildu Aitor Llano ha cuestionado que, de nuevo, se inviertan fondos públicos en una actuación que solo va a beneficiar a los propietarios de los negocios. Hace unos meses, la asociación vecinal Bihotzean y el arquitecto Iñaki Uriarte ya denunciaron la «mercatilización» de ese bien público, criticando que detrás del plan de restauración de la trasera de la catedral solo estaba el interés de una cadena de heladerías por ampliar su anterior negocio.

Arrizabalaga ha indicado que los desperfectos hallados no ponían en peligro la estructura del templo y ha recordado que en ese espacio hay tiendas desde el siglo XVI. Respecto a la intervención, ha señalado que van a vigilar que se cumple con lo establecido en la autorización.

El informe emitido por el Servicio de Patrimonio Cultural evalúa que los establecimientos comerciales adosados a los muros «no aportan valor a la catedral desde una perspectiva arquitectónica» (autenticidad, originalidad, calidad constructiva o antigüedad), aunque reconoce que desde un punto de vista del patrimonio inmaterial podrían tener «cierto interés» por su presencia histórica durante más de cuatro siglos.

Futuro de las tiendas

La responsable foral ha incidido que existen unos derechos y unas autorizaciones respecto a esas tiendas que la Diputación no puede cuestionar, saliendo al paso de algunos comentarios de los técnicos que elaboraron el informe sobre que «a medio-largo plazo» esos establecimientos deberán desaparecer.

Este asunto no es nuevo, ya que tras las inundaciones de 1983 el Ayuntamiento de Bilbo se opuso a los planes del Ejecutivo de Lakua de eliminarlos para que la iglesia recuperase su arquitectura original. El Consistorio defendió que las tiendas tienen su origen en el medievo, ya que eran negocios otorgados a las barraganas, mujeres que convivían con el clero, o por otras prebendas.

Llano ha señalado que con la reinstalación de negocios, alguno de ellos con terraza, se producirá un «cuello de botella» en el entorno de la plazoleta de Santiago, que perjudicará al propio patrimonio cultural y al vecindario. Además, ha destacado que muchos de los establecimientos que se van a abrir son «franquicias» que no ofrecen una «oferta de calidad diferenciada».

La diputada foral le ha recordado que no tienen competencias sobre el espacio público y que existen límites administrativos y legales que amparan a esos negocios