La diputada vizcaina de Hacienda y Finanzas, Itxaso Berrojalbiz, ha negado «trato de favor» hacia el grupo petrolífero Hafesa en el aplazamiento del pago del Impuesto de Valor Añadido (IVA) y del Impuesto Especial de Hidrocarburos (IEH) a partir de 2019, saliendo al paso de informaciones periodísticas que atribuían discrecionalidad por parte de la Diputación en varios expedientes por valor de 225 millones de euros.

La «inquietud» provocada por estas noticias publicadas a raíz de la causa que se sigue en la Audiencia Nacional española contra una trama presuntamente dirigida por Alejandro Hamlyn, presidente del grupo empresarial de origen vasco, que blanqueaba dinero procedente de 154 millones de euros no pagados del IVA con la comercialización de hidrocarburos, ha motivado la comparecencia de la responsable foral en comisión de las Juntas Generales de Bizkaia.

Como era previsible, Berrojalbiz no ha desvelado datos tributarios del citado grupo empresarial, tal y como establece la ley, pero sí ha aportado información pública recogida en el Registro Mercantil. Respecto a la cantidad que supuestamente adeudan empresas de Hafesa al fisco vizcaino, ha comentado que son «elucubraciones».

Todo para desmentir ese supuesto «trato de favor» que llevó hace unas semanas al presidente del PP en la CAV, Javier de Andrés, a sostener que tras el aplazamiento de esta deuda fiscal existía un «interés político» y su homóloga en Bizkaia, Raquel González, dijera que Hacienda había «mimado» a Hafesa.

La diputada jeltzale ha evitado entrar en ese terreno y se ha limitado a exponer las herramientas de las que dispone la Administración foral para dar «oxígeno financiero» a empresas que pueden pasar una situación delicada, por un «tensionamiento» de tesorería.

A este respecto, ha informado de que desde el ejercicio 2012 han otorgado aplazamientos por valor de 2.165 millones de euros, de los que a día de hoy solo queda una deuda vida de 452 millones.

De los aplazamientos y fraccionamientos, Berrojalbiz ha dicho que se rigen por un procedimiento administrativo «reglado», supervisado por personal funcionario y que ella o el director de Hacienda se limitan a firmar aquellos expedientes que superen importes de 500.000 y 1 millón de euros, respectivamente, tras recibir los preceptivos avales de los distintos departamentos de recaudación.

En el caso de aplazamientos, Berrojalbiz ha explicado los pasos que se siguen en función de las cantidades adeudas. En el caso de grandes deudores, se piden, entre otras cuestiones, un plan de viabilidad, un plan de pagos y unas garantías de pago.

Desde 2020, Hacienda de Bizkaia ha incorporado un control interno para deudas superiores a 250.000 euros que es supervisada por la Unidad de Inspección Recaudatoria. En estos casos, la garantía solicitada por Hacienda debe cubrir la totalidad de la deuda, más un 20% por los recargos y otro 5% por concepto de costas.

No es extraño

Sin entrar en el caso concreto de Hafesa, ha destacado que los periodos de demora de más de cinco años no son extraños, aportando el dato de que tienen contabilizados 1.227 expedientes por importe de 635,4 millones de euros, de los que más del 71'3% de la deuda ha sido cobrada por Hacienda. Ha aportado información sobre los controles y las garantías que se fijan para su concesión.

La titular vizcaina de Hacienda y Finanzas ha afirmado que no tiene constancia de que ese grupo empresarial haya cometido ningún delito tributario en Bizkaia y que dispone de las autorizaciones pertinentes para el almacenamiento de combustibles y su comercialización. «Hafesa es un contribuyente más», ha incidido al referirse Berrojalbiz al trato que se dispensa a los diferentes compañías del entramado que dirige Hamlyn desde Dubai.

Ha aportado otro dato, partiendo de estimaciones de la información que disponen de Hafesa, como los más de 1.100 millones de euros que ha aportado a las arcas forales en los últimos cuatro años, a una media de 22 millones de euros mensuales por el pago del IVA e IEH.

Ha indicado que desde instancias judiciales no habían recibido información sobre supuestas actuaciones irregulares en las que podría estar implicado empresas vinculadas a Hafesa con ramificaciones en Bizkaia y, por tanto, de competencia foral.

Ha aclarado que esas compañías estén inmersas en investigaciones judiciales a nivel del Estado español no cierra la puerta a que la Diputación, en el marco de sus competencias, admita y autorice los aplazamientos que pudiera solicitar en Bizkaia. Es más, ha expuesto que los propios juzgados de lo penal «pueden pedir fraccionamientos derivados de sentencias condenatorias».

Berrojalbiz ha resaltado que el grupo Hafesa no está siquiera en el listado de entidades deudoras con la Hacienda de Bizkaia. Y ha defendido el proceder de la Diputación por el hecho de que, a día de hoy, «no existe comunicación alguna» por parte de los órganos judiciales «de que seamos parte perjudicada, ni de que haya un proceso judicial abierto». En cualquier caso, ha advertido de que una investigación o enjuiciamiento por fraude fiscal, no impide que se pueda abrir un procedimiento de aplazamiento o fraccionamiento en el pago de impuestos.