Iñaki Lasagabaster, catedrático emérito de Derecho Administrativo por la EHU, ha aclarado que los ayuntamientos y los concejos no están obligados a aprobar proyectos de energías renovables, al contrario de lo que dicen las «amenazas» que reciben habitualmente sobre cometer un delito de prevaricación.

Así lo ha explicado el catedrático emérito en una conferencia que ha ofrecido amparado por Arabako herri Unibertsitatea (AhU) este viernes. Junto a él han estado Ana Saenz de Olazagoitia, investigadora y geógrafa de la EHU; Unai Pascual, profesor de investigación en Ikerbasque y coordinador de AhU, y Naiara Moreno, de la Junta Administrativa de Jungitu.

Ha estado dirigida a representantes municipales y de concejos, bajo el título ‘El papel de los ayuntamientos y entidades locales ante el despliegue de instalaciones de gran escala de energías renovables en Araba’.

Según ha argumentado, hasta que no haya un Plan Territorial Parcial y un Plan Territorial Sectorial que desarrollen las Directrices de Ordenación Territorial no se podrán aprobar planes generales y tampoco planes especiales sobre usar suelo no urbanizable.

Esa serie de directrices, conocidas como DOT, establecen los criterios y orientaciones básicas para el uso sostenible del territorio. Es decir, tienen como objetivo coordinar las políticas sectoriales. Según se estableció en este documento en 2019, de acuerdo con lo citado por Lasagabaster, el Plan Territorial Parcial de energías renovables tiene que tener en cuenta que la ocupación del espacio sea compatible con la preservación del patrimonio natural y cultural del paisaje.

Por lo tanto, como nos encontramos en un «impasse» en el que no hay Plan Territorial Sectorial (PTS) ni Plan Territorial Parcial (PTP), que se imponen sobre las normas urbanísticas, las normas de los ayuntamientos no pueden ir en contra del DOT. En otra conferencia el pasado mes de marzo, Iñaki Lasagabaster ya advirtió de que el PTS de Energías Renovables es una norma «radicalmente ilegal».

De esta manera, el catedrático emérito considera que «lo que procede» es suspender las licencias de los proyectos porque, si el PTS de Energías Renovables no va acorde con los criterios que establece el DOT, estas directrices perderían su sentido.

Ante esta situación, Lasagabaster ha manifestado su preocupación por la situación en la que se encuentran estos ayuntamientos y concejos, que en muchos casos han invertido miles de euros presentando alegaciones. «No se puede jugar con las preocupaciones, el tiempo y el dinero de la ciudadanía. No se puede jugar con la participación ciudadana», ha dicho.

33 municipios y 120 concejos

Por su parte, Ana Saenz de Olazagoitia ha detallado las zonas «sacrificadas» de Araba, porque se prevé que afecte a 33 municipios y 120 concejos. Sin embargo, ha advertido, el número es aproximado y aumentará. Además, estas zonas ya establecidas solo tienen en cuenta la ubicación de las centrales generadoras y no está recogido el impacto visual que, en el caso de los aerogeneradores, «trasciende a los concejos».

Naiara Moreno, de la Junta Administrativa de Jungitu, ha lamentado que los concejos están «marginados» en este proceso de transición energética, «totalmente excluidos». Ha explicado que en muchos casos los proyectos se han presentado en las entidades locales como proyectos fragmentados, más pequeños, porque la regulación es más laxa.

Ha señalado la «visión centralizada y macroindustrial» de este modelo que solo en Araba prevé 27 parques eólicos y 149 instalaciones fotovoltaicas. «Lo único que deseo es que se nos escuche y se tenga en cuenta nuestra opinión, somos administraciones públicas igual que los ayuntamientos, que trabajamos de manera altruista por nuestro pueblo», ha manifestado. «Somos los más afectados», ha añadido Moreno.