
La Audiencia de Gipuzkoa ha condenado a 71 años, 5 meses y 9 días de cárcel a un monitor de surf de Hondarribia por abusar sexualmente de once menores de edad y por posesión de material de explotación infantil.
Según ha informado el Tribunal Superio de Justicia del País Vasco, el tribunal le impone penas de entre 4 años y un día y 12 años de prisión por cada uno de los once delitos de abuso sexual, en función de la gravedad de los mismos y atendiendo al Código Penal vigente en el momento de los hechos, así como 5 meses de cárcel por posesión de material de explotación infantil.
En concreto, le condena como autor de cuatro delitos de abuso sexual sobre menor de 16 años en su modalidad de prevalimiento de situación de superioridad; otros cuatro delitos de abuso sexual continuado sobre menor de 16 años en su modalidad de prevalimiento de situación de superioridad; así como tres delitos de abuso sexual continuado sobre menor de 16 años en su modalidad de acceso carnal con prevalimiento de situación de superioridad y un delito de posesión de material de explotación sexual infantil.
Además de las penas de prisión, la Sala fija que el acusado indemnice a las víctimas con cantidades que van desde los 3.000 a los 30.000 euros y establece otra serie de medidas de libertad vigilada y de prohibición de acercamiento y comunicación con las víctimas, así como de inhabilitación para cualquier profesión, oficio o actividades, retributivas o no, que conlleve un contacto regular y directo con menores de edad.
El fiscal pedía 85 años
Cabe recordar que el fiscal solicitaba penas que sumaban 85 años de cárcel para el condenado que, según la acusación, «aprovechaba todas las oportunidades que le facilitó la organización y funcionamiento de la propia escuela para llevar a cabo sus prácticas lascivas» respecto a las víctimas.
La psicóloga que trató a tres de los menores manifestó que uno de ellos sufrió «mucho daño psicológico», con «sentimientos de culpa, indignación y rabia», porque al no acceder a satisfacer los deseos del acusado «fue expuesto a vejaciones y humillaciones con respecto a su padre delante de los compañeros de surf». Del mismo modo, otro «dejó de ser el favorito» del acusado, a ser objeto de su «burla y manipulación constante».
«El monitor se mofaba y burlaba de ellos delante de los amigos, de los compañeros del surf, cuando no obtenía lo que quería», indicó.
Familias «desconcertadas»
De hecho, las familias de las víctimas del monitor se han «parcialmente satisfechas» con este fallo, aunque también «desconcertadas» porque la sentencia no reconozca la existencia de «intimidación» en el caso.
Así lo ha expresado en declaraciones a Efe la letrada Izaskun Porres, de Syner abogados, que representó como acusación particular a la mayoría de las víctimas durante el juicio por estos hechos, que tuvo lugar en la Sección Tercera de la Audiencia de Gipuzkoa entre los pasados 10 y 21 de marzo.
Ha señalado que cuando ocurrieron los hechos las víctimas eran menores de edad, por lo que, aunque los criterios exigidos para apreciar la intimidación sean «muy exigentes», «lo cierto es que -en este caso- existía una intimidación evidente».
«No sólo por la relación de confianza que el acusado había conformado con los padres sino por toda la información que tenía de los menores. El acusado logró crear un contexto adecuado para lograr una intimidación similar a la que se produce en la intimidad del hogar», ha detallado la letrada, quien ha insistido en que para los afectados esta situación era muy grave porque se trataba de datos que se circunscribían «a sus vidas».
«Al final el procesado les intimidaba dejándolos solos y haciendo una manipulación emocional de ellos hasta el punto de que ninguno dijo nada durante un montón de tiempo», ha añadido.
Porres ha recordado a este respecto que, si «no llega a ser por uno de los niños que dijo: hasta aquí hemos llegado» este caso no hubiera saltado a la luz, porque el resto de víctimas, «que estaban más afectadas, eran incapaces de contar nada a nadie».
Por estos motivos, a la espera de analizar la sentencia en profundidad y poder ver los motivos por los que no se ha apreciado intimidación, la acusación particular considera que ésta sí se produjo.
«Para las víctimas, el hecho de que todo esto saliera a la luz era un mal mayor, porque tenían mucho miedo a que se descubriera y sobre todo a que el acusado les dejara de hacer caso y pasara a tratarlos como al resto, porque todos querían ser sus favoritos. Creó un contexto similar al de la intimidad del hogar», ha recalcado Porres.

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