El Gobierno español ha aprobado este martes el proyecto de ley de información clasificada que sacará a la luz los documentos reservados de la dictadura franquista y la denominada Transición, al establecer el levantamiento del secreto de todos los documentos clasificados hace 45 años o más.

Este proyecto de ley, que irá ahora al Congreso para su tramitación parlamentaria, sustituye a la Ley de Secretos Oficiales del franquismo, del año 1968, y establece por primera vez la desclasificación automática de información clasificada cuando transcurran unos determinados plazos.

Así, se establecen cuatro categorías de información clasificada –‘Alto Secreto’, ‘Secreto’, ‘Confidencial’ y ‘Restringido’– y a cada una de ellas se le asigna gradualmente un límite temporal de clasificación teniendo en cuenta el riesgo de revelación no autorizada o su uso indebido.

El tiempo máximo de clasificación será de 45 años prorrogables de forma motivada otros 15 años. De esta manera, los documentos reservados anteriores a 1981 serán desclasificados, lo que incluye aquellos relacionados con la dictadura y la Transición.

El 'Alto secreto' supone una información que en caso de ser revelada sería un perjuicio o una amenaza extremadamente grave para la seguridad estatal o la defensa, mientras que los documentos 'restringidos' son aquellos que en caso de desvelarse pueden causar algún tipo de perjuicio o de amenaza.

Para el 'Alto Secreto' se estipula su desclasificación automática transcurridos 45 años, que solo se podrán prorrogar una vez y de forma motivada por 15 años más.

En el caso de la información clasificada como 'Secreto' se desclasificará pasados 35 años y solo será prorrogable 10 años más de forma excepcional y motivada.

Para la información 'Confidencial' se establece un plazo de desclasificación automática de entre 7 y 9 años no prorrogables.

La información clasificada como 'Restringido' se desclasificará en un plazo de 4 y 5 años, que tampoco se podrá prorrogar.

«Superamos una rémora de nuestra legislación»

En rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, el ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, ha destacado que con esta ley «superamos una rémora de nuestra legislación, una ley preconstitucional que proviene de la dictadura».

«Nos ponemos en estándares europeos, avanzamos como una democracia madura que somos para que los ciudadanos tengan derecho a saber, para que las administraciones tengan la obligación de aportar documentación que sea importante para la historia y, por supuesto, se protege la seguridad nacional y la defensa en nuestro país», ha destacado.

La competencia para clasificar y desclasificar información será exclusiva del Consejo de Ministros —a propuesta del presidente del Gobierno o de los ministros— en el caso de ‘Alto secreto’ y ‘Secreto’ y de un número «tasado y reducido» de autoridades en las categorías de ‘Confidencial’ y ‘Restringido’.

La información clasificada antes de la entrada en vigor de esta ley se desclasificará automáticamente transcurridos 45 años o más desde su clasificación.

Además, las personas que puedan justificar un interés profesional en esta información —como investigadores, periodistas o historiadores— estarán legitimados para solicitar su desclasificación una vez vencido el plazo de clasificación.

También se fortalece el acceso del Congreso de los Diputados a la información clasificada a través de la Comisión parlamentaria constituida a este efecto.

La información relativa a grandes violaciones de derechos humanos no podrá ser clasificada.

La ley obligará a que se motive cada uno de los documentos o de las informaciones que se clasifiquen y también establece como novedad que en ningún caso se podrá clasificar información o documentación que afecte a graves violaciones de Derechos Humanos o a crímenes de lesa humanidad.

Sanciones, de 30.000 a 2,5 millones de euros

La ley introduce un régimen sancionador administrativo para quien desvele información clasificada, con multas que van desde los 30.000 euros en los supuestos menos graves a los 2,5 millones de euros en los más graves.

El proyecto también estipula que la información relativa a grandes violaciones de derechos humanos o crímenes de lesa humanidad no podrá ser objeto de clasificación.

Se crea la Autoridad Nacional para la Protección de la Información Clasificada, que dependerá del Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes.

El Ministerio que dirige Félix Bolaños ha aseverado que, con esta norma, el Estado español se sitúa en línea con las legislaciones más avanzadas en materia de información clasificada. De hecho, países como el Estado francés, Dinamarca o Suecia tienen plazos más extensos para la desclasificación que los previstos en esta ley.

Según ha señalado el ministro, con esta norma se da cumplimiento a uno de los compromisos adquiridos en el Plan de Acción por la Democracia y se asume una de las recomendaciones que sistemáticamente viene haciendo a España la Comisión Europea en su Informe sobre el Estado de Derecho, de cara a mejorar el acceso ciudadano a la información y, en particular, a documentos oficiales. 

Críticas de PNV y EH Bildu

La portavoz del PNV en el Congreso, Maribel Vaquero, ha valorado positivamente la aprobación por parte del Consejo de Ministros de la nueva Ley, aunque ha advertido de que el texto, en una primera lectura, «todavía está lejos» de las aspiraciones de su formación.

«Es una buena noticia que por fin, aunque sea tarde, esta ley vaya a llegar al Congreso de los Diputados y vayamos a poder debatir sobre ella», ha afirmado Vaquero en la Cámara Baja.

Ha recordado que su formación lleva pidiendo una reforma de la legislación sobre los secretos oficiales «casi diez años», y ha subrayado su papel en la apertura del debate parlamentario. «Si el PNV no hubiera estado detrás con las con cuatro proposiciones de ley que hemos presentado, esto no hubiera sido una realidad», ha recalcado.

Pese a mostrar cautela hasta conocer el contenido en profundidad, Vaquero, ya ha adelantado que su grupo será «propositivo» y planteará enmiendas al texto.

En todo caso, la portavoz jeltzale ha reiterado que se trata de una noticia positiva: «Acabamos con una ley franquista y lo que hacemos es dar transparencia y ayudar a la verdad, y que los hechos que han ocurrido hace ciertos años, y sobre todo en la Transición y lo que es la primera parte de la democracia, se puedan conocer».

Por su parte, la portavoz de EH Bildu en el Congreso de los Diputados, Mertxe Aizpurua, considera que si la nueva ley sigue la misma línea que la presentada en 2022 sería «insuficiente» porque los plazos que se marcaba eran «excesivamente largos». Se refería así, desde el Congreso, al anteproyecto de ley que el Gobierno de Pedro Sánchez aprobó en 2022, pero que acabó decayendo por el adelanto electoral del 23 de julio de 2023.

«Hay que esperar a conocer el texto del documento, pero el de 2022 nos pareció totalmente insuficiente», ha comentado, incidiendo en que una demora excesiva en la desclasificación permitiría mantener «el silencio y la impunidad más absoluta sobre situaciones muy graves que se han vivido en Euskal Herria».

ERC: «Está bien»

Preguntado por esta misma cuestión, el portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, considera que esta nueva ley de secretos oficiales «está bien», aunque también ha deslizado que es «una buena cosa para dejar de hablar de según qué».

«Al final se va a saber antes quién mató a Kennedy que quién estuvo detrás del 23F, que igual come en Abu Dhabi», ha apostillado, en referencia a la ciudad donde actualmente reside el rey emérito Juan Carlos de Borbón.

El diputado de Compromís Alberto Ibáñez, integrado en el grupo Sumar, ha insistido en una rueda de prensa en que la ley debe «acotar sus tiempo» y ha urgido a «ajustar cuestiones» que garanticen mejor los derechos humanos.

En la misma línea, fuentes del BNG han señalado a Efe que esta ley llega «47 años tarde» y ahora esperan leerla con calma para conocer detalles sobre la desclasificación de papeles.