A pesar de cumplir con todos los requisitos y visas, aunque iba en calidad de periodista de la radiotelevisión pública vasca para cubrir el Jaialdi 2025 que tendrá lugar entre el 29 de julio y el 3 de agosto en Boise, Idaho, este sábado las autoridades alemanas informaron al periodista Urtzi Gartzia de que habían recibido la notificación de no dejarle despegar desde Munich porque «él y su maleta» tenían denegada la entrada en EEUU. Cogió un vuelo a la noche y ya se encuentra en Euskal Herria de vuelta.

Gartzia se había desplazado hasta Munich para hacer allí transbordo con dirección a EEUU, donde debía juntarse con otros compañeros y compañeras de la cadena pública. Había realizado todos los trámites requeridos ante la Embajada estadounidense para poder realizar su trabajo en suelo norteamericano y contaba con visado para poder viajar por el país.

El periodista vizcaino iba a trabajar para la radio como parte de la delegación enviada por EiTB a Jaialdia, el festival de la diáspora vasca que no se celebraba desde 2015 y donde además de representantes de la diáspora se reunirá una importante delegación de las instituciones vascas, desde el lehendakari Imanol Pradales hasta el rector de EHU, Joxerramon Bengoetxea.

Contexto y sospechas

Además de como periodista, Gartzia trabajó en su momento como asesor de comunicación para la coalición Amaiur. No tiene una gran actividad en redes sociales, que utiliza sobre todo en relación a su trabajo. Es representante sindical en EiTB. Ha realizado viajes previamente, también a EEUU, sin que nunca tuviera ningún problema. No ha sido detenido ni tiene antecedentes penales, otra de las razones aducidas históricamente para denegar la entrada a suelo norteamericano.

Por lo tanto, a falta de una explicación oficial, una de las hipótesis es que Gartzia pueda estar incluido en alguna lista negra –se entiende que de carácter político– y que eso se haya cruzado con el endurecimiento de las condiciones para poder entrar en EEUU que ha promovido Donald Trump.

El secretario de Estado Marco Rubio ha ordenado a los diplomáticos que examinen las publicaciones en las redes sociales de algunos solicitantes de visa. En marzo envió un cable a sus subordinados en el que se afirmaba que se puede denegar la visa a los solicitantes si su comportamiento o acciones demuestran que tienen «una actitud hostil hacia los ciudadanos estadounidenses o la cultura estadounidense (incluidos el gobierno, las instituciones o los principios fundacionales)».

Es público que se está procesando una cantidad ingente de datos para controlar las entradas y salidas del país, sin que se sepa de donde proceden esos datos. Tampoco hay que descartar algún error en los datos, puesto que ya ha sucedido anteriormente.

Aunque lo realmente grave es la forma en que la Administración Trump está persiguiendo y dando caza a migrantes que viven y trabajan en los Estados Unidos, cada vez hay más noticias sobre turistas que al entrar o salir del país, o durante su viaje, han sido retenidos, encarcelados en las cárceles provisionales construidas por el ICE (Servicio de Inmigración y Control de Aduanas) y expulsados sin una explicación formal. Les ha ocurrido tanto a turistas británicos como a científicos franceses a los que, argumentando su actividad en redes sociales en torno a temas como Palestina, se les ha denegado la entrada en EEUU. 

Antecedentes en épocas previas

Hay que recordar que estas políticas tampoco han comenzado con Trump. En la denominada «guerra contra el terror», a través de la Patriot Act firmada por el presidente George W. Bush en 2001, el Gobierno de EEUU alteró el estado de derecho para legalizar la vigilancia masiva y limitar las libertades civiles.

El Gobierno de José María Aznar fue uno de los principales aliados de EEUU en esa guerra y la Unión Europea hizo seguidismo de esa doctrina estableciendo una lista de personas y organizaciones terroristas que incluye al partido histórico vasco ANV, ilegalizado a cuenta de la Ley de Partidos española.

En el caso de personas con algún tipo de antecedente penal o incluso policial, ha sido común durante años que se les denegase la entrada y, en muchos casos, que fuesen devueltos. No obstante, durante este cuarto de siglo esa política también se ha utilizado contra representantes políticos, abogados, investigadores o, como se ha podido comprobar ahora, periodistas vascos.