La gestión del servicio de bicicletas eléctricas de Iruñea será asumido por el Ayuntamiento de la ciudad, que ha liquidado la concesión administrativa que Ride On ostentaba para prestarlo.

Así lo ha acordado este jueves la Junta de Gobierno Local, que prevé un desembolso de 97.222 euros como pago por el valor residual de los elementos ya en funcionamiento. La liquidación no supone, no obstante, el fin del servicio, ya que la empresa Ride On seguirá prestándolo hasta que el Consistorio asuma la gestión directa o indirecta del servicio.

La decisión adoptada ahora por la Junta de Gobierno ya se anunció el pasado mes de abril, cuando el Ayuntamiento llegó a un acuerdo con la empresa concesionaria para revertir el servicio de alquiler de bicicletas. La empresa Ride On achacó al déficit del servicio su retirada como prestataria. El Consistorio, por su parte, apuesta por dar continuidad al servicio, aportándole estabilidad financiera y facilitando su comarcalización, con la extensión a otros municipios.

El acuerdo de liquidación suscrito en la Junta de Gobierno incluye, de hecho, una orden expresa para que Ride On continúe con la prestación del servicio, por razones de interés público, «hasta el momento en el que sea prestado por el Ayuntamiento de Pamplona mediante gestión directa o indirecta».

Propietario de todos los elementos

Los plazos y la fórmula que se vaya a adoptar todavía no se han concretado. Sí se ha acordado, sin embargo, en la liquidación de la concesión que el Ayuntamiento adquirirá las 42 bases y las 400 bicicletas, 35 mupis y 7 cupboards correspondientes a la primera fase de la puesta en marcha del servicio. El resto de elementos, las 20 estaciones y 240 bicicletas de la ampliación ya son propiedad municipal. Con esta liquidación, el Ayuntamiento es propietario de todos los elementos físicos de los que compone el sistema de bicicleta eléctrica compartida.

La negociación entre el Ayuntamiento y Ride On para resolver el contrato se sustenta en dos aspectos fundamentales, según ha señalado el Consistorio.

En primer lugar, ambas partes acordaron la liquidación de la concesión original, que al ser a riesgo y ventura implicaba que la empresa debía asumir el 100% de las posibles pérdidas. En segundo lugar, ambas partes pactaron la continuidad del servicio por razones de interés público, con compensación de las pérdidas que éste pudiera generar.

Esta fórmula implica que la empresa, hasta el final de la concesión (2029) o hasta que se lance una nueva licitación, estará obligada a seguir prestando el servicio con todas las garantías de calidad a cambio de que la Administración, en su caso, compense las posibles pérdidas. Esa compensación se hará, no obstante, siempre que el servicio se desarrolle en los parámetros de calidad que se acordaron y que las cuentas que presente la empresa trimestralmente sean debidamente auditadas por el área de Economía y Hacienda, matiza el Consistorio.