Tres organizaciones –la Plataforma contra las Minas de Potasa del Bal d’Onsella y la Sierra del Perdón, Ecologistas en Acción y la Fundación Sustrai Erakuntza– han solicitado este lunes al Parlamento de Nafarroa que incluya el proyecto Mina Muga en la comisión de investigación sobre adjudicaciones de obras públicas.

Así, han registrado un dossier con documentos, recortes de prensa y convenios firmados entre la Fundación Geoalcali y varios ayuntamientos de las comarcas de Zangotza y Cinco Villas que a su juicio contienen elementos suficientes para investigar si hubo «influencia, intermediación o tal vez captación de voluntades» en el proceso de tramitación administrativa del proyecto.

Durante una comparecencia frente al Parlamento, Enrique Miranda, en nombre de la Plataforma, ha señalado que «diversos informes aparecidos en los medios de comunicación sitúan a Mina Muga en el origen de una presunta trama» de intermediación vinculada a Koldo García y Santos Cerdán. El origen de esa presunta trama, afirman, está precisamente «en las relaciones de Geoalcali con Servinabar y con Acciona».

El dossier menciona también el informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, en el que se reproduce un correo de 2015 en el que el entonces administrador de Geoalcali se dirige a Koldo García refiriéndose a él como «nuestros ojos y oídos».

También han aludido a las supuestas gestiones de Antxon Alonso, empresario vinculado a Servinabar, que según informaciones recogidas en prensa, habría actuado como lobista de Geoalcali ante el Gobierno de Nafarroa al menos hasta 2023. No obstante, Geoalcali afirma que en esas reuniones con miembros del Ejecutivo –entre ellos, María Chivite– Alonso no acudía en representación de la firma minera-.

Con todo, las organizaciones remarcan que diferentes empresas (Geoalcali, Servinabar, Acciona, UTE Sangüesa-Zangoza Services) y personas relacionadas con ellas «parecían ejercer labores de influencia, intermediación, y tal vez de captación de voluntades por diferentes modos, en alguna o varias de las Administraciones (estatales, autonómicas y locales) que debían aprobar y conceder los numerosos permisos para poner en funcionamiento Mina Muga».

En su opinión, «se habrían producido supuestas compras de voluntades en diversos estamentos para conseguir que la tramitación del proyecto siguiera adelante. Esto podría haber incluido a la propia concesión del permiso minero, un trato favorable en la tramitación de la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) del proyecto, la autorización de uso industrial en un suelo no urbanizable para la fábrica anexa a la mina, presiones para obtener la licencia de obras, acciones especulativas en bolsa...», han subrayado.

Desde el Gobierno de Barcina

Miranda ha recordado que el Tribunal Superior de Justicia de Nafarroa anuló la concesión de explotación otorgada a Geoalcali, y que el proyecto permanece paralizado a la espera de una resolución del Supremo. Y ha señalado también que los primeros permisos de investigación se concedieron en 2012 «a dedo», sin concurso público, lo que podría suponer una infracción de la Ley de Minas.

Por tanto, las presuntas irregularidades vinculadas a la tramitación del proyecto Mina Muga van más allá del caso Koldo, ya que, además de los primeros permisos de investigación concedidos en 2012, la tramitación de evaluación ambiental se realizó con un Gobierno de Nafarroa presidido por Yolanda Barcina (UPN), el Gobierno de Aragón de Mª Fernanda Rudi (PP) y el Ejecutivo español de Mariano Rajoy (PP).

Han recordado que la tramitación se realizó con gobiernos de UPN en Nafarroa, PP en Aragón y PP en el Estado: «¿Quién pudo meter tanta prisa en las tres administraciones?»

Estos, han recordado, firmaron un convenio «en 2015, justo antes del cambio de gobierno en Navarra y Aragón. Las prisas fueron tantas que se olvidaron de publicar el Convenio en el BON. Nos preguntamos si el Convenio está vigente, porque si no lo está, la evaluación ambiental podría ser nula. ¿Quién pudo meter estas prisas en las tres administraciones?», ha remarcado Miranda.

Además, Miranda ha asegurado que «como mínimo, de 2015 a 2023, las empresas citadas «han tenido una relación muy estrecha con el Gobierno de Navarra» y que «toda la tramitación del expediente Mira Muga puede estar contaminada por estos conseguidores y por estas maniobras de esta gente ante el Gobierno de Navarra, el Gobierno de Aragón y los ministerios de Medio Ambiente e Industria».

En su intervención, el portavoz ha expuesto además que desde 2015 los servicios de Urbanismo e Industria del Gobierno navarro emitieron informes contrarios a la ubicación de la planta de Geoalcali en Zangoza por afectar a suelo forestal. Sin embargo, en 2022, dichos servicios modificaron su criterio y autorizaron el proyecto. La solicitud presentada pide esclarecer los motivos de ese cambio.

Donaciones 

El dossier presentado incluye un listado de donaciones realizadas por la Fundación Geoalcali a ayuntamientos navarros y aragoneses, como Zangoza, Xabier, Esa, Liedena, Rocaforte, Undués de Lerda, Urriés, Sos del Rey Católico, Castiliscar.

Estas colaboraciones abarcan actuaciones culturales, deportivas, escolares, infraestructuras y eventos locales, según consta en la web de la propia fundación y en convenios firmados con algunos municipios, como Liedena. Los colectivos destacan que en varios casos estas entidades hicieron después declaraciones públicas de apoyo al proyecto.

«Es llamativo que, después de recibir esas donaciones los ayuntamientos hayan hecho declaraciones a favor de la empresa, incluso pidiendo a la Ministra de Medio Ambiente que se saltase la sentencia del TSJN, que anulo la concesión de explotación a Geoalcali», ha remarcado Miranda. Por tanto, ha pedido al Parlamento que solicite a la Cámara de Comptos que fiscalice esas donaciones a los consistorios correspondientes.