La justicia tardía no es justicia, aunque tener a siete funcionarios del Estado sentados en el banquillo ya es un avance. Todos fueron acusados de la muerte de 41 niñas y de las heridas graves a otras 15 menores en el incendio de un hogar de protección y abrigo gestionado por el Gobierno de Guatemala.

El proceso para llegar a la sentencia histórica emitida este martes con condenas de prisión que oscilan entre los 6 y los 25 años no ha sido fácil. Ha estado lleno de retrasos, obstáculos y decisiones judiciales cuestionables que ponían en duda la llegada de la justicia. La exsubsecretaria de Bienestar Social Anahy Keller fue incluso eximida de todo cargo en los últimos meses, mientras que todos los acusados estaban libres tras ser excarcelados de la prisión preventiva.

El juicio comenzó el 10 de enero de 2024 y, desde entonces, ha habido 121 audiencias en las que han desfilado decenas de testigos, peritos y se han visto cientos de pruebas documentales y materiales. Además, 13 de las 15 niñas supervivientes del incendio dieron su testimonio para denunciar que en ese lugar sufrían maltrato y hacinamiento, se les daba comida en mal estado y se vulneraban sus derechos.

Por esa razón, el 7 de marzo de 2017, 56 niñas, de entre 13 y 17 años, decidieron huir del mal llamado Hogar Seguro para disfrutar de la libertad coincidiendo con el Día de la Mujer el 8 de marzo. Poco duró su escapada, ya que ese mismo día fueron capturadas por la Policía y encerradas ilegalmente bajo llave en un aula con menos de un metro cuadrado para cada una de ellas. Además, fueron custodiadas por agentes policiales que les impidieron incluso ir al baño. Por ello, se vieron en la obligación de hacer sus necesidades fisiológicas en la misma aula en la que estaban confinadas.

Una de las niñas, con el fin de lograr que las liberasen, incendió con un fósforo una de las 22 colchonetas que les dieron para dormir. Pero la subinspectora de la Policía que tenía la llave del candado, Lucinda Marroquín, tardó nueve minutos en abrir la puerta, a pesar de los gritos y los golpes de las 56 niñas. Cuando abrió el candado, 19 de ellas habían fallecido asfixiadas y en los siguientes días murieron otras 22 en los centros donde fueron hospitalizadas. Solo sobrevivieron 15, y con graves quemaduras y amputaciones.

Con la sentencia de este martes, en la que fueron condenados seis de los siete funcionarios, quedó probada la verdad histórica de lo sucedido el 7 y 8 de marzo de 2017, aunque, para las familias, las penas de prisión son insuficientes, por lo que no están satisfechas.

Marroquín solo ha sido condenada a 13 años de cárcel (5 por maltrato a personas menores de edad y 8 por homicidio culposo). Las mayores penas fueron para el exsecretario de la Secretaría de Bienestar Social, Carlos Rodas, y para el exdirector del Hogar Seguro, Santos Torres, sentenciados ambos a 25 años de cárcel.

INVESTIGAR AL PRESIDENTE JIMMY MORALES

Para las menores supervivientes y para las familias de las víctimas, estas condenas no reflejan el daño que causaron con sus acciones y omisiones los funcionarios del Estado. A ello hay que añadir la decisión de la jueza del Tribunal Séptimo, Ingrid Vanessa Cifuentes, de absolver, por falta de pruebas, a uno de los siete acusados. El único aspecto positivo en la resolución judicial es que se ordena investigar al expresidente de Guatemala Jimmy Morales.

Durante el juicio, varios testigos señalaron que el exmandatario ordenó vía telefónica a un jefe policial el envío de 100 agentes más al Hogar Seguro Virgen de la Asunción el 7 de marzo. De esta manera, se saltó toda la línea de mando de la Policía, que había decidido retirarse del lugar tras encontrar a las adolescentes que habían escapado y haberlas llevado de vuelta hasta el portón del Hogar, donde permanecieron nueve horas a la intemperie antes de ser encerradas como castigo.

Lo más relevante de la sentencia es que se condena al Estado de Guatemala por su responsabilidad en la muerte de las niñas y las heridas sufridas a las sobrevivientes. Hoy se celebra la Audiencia de Reparación Digna, en la que se establecerán las indemnizaciones y los cambios estructurales que debe hacer el Estado para que no vuelva a suceder jamás una tragedia como esta.