Lo que debía ser una fiesta del fútbol terminó convertido en un episodio bochornoso y violento. El partido de vuelta de los octavos de final de la Copa Sudamericana entre Independiente de Avellaneda (Argentina) y Universidad de Chile, disputado en el Estadio Libertadores de América, fue suspendido a los tres minutos del segundo tiempo tras una brutal batalla campal entre las hinchadas de ambos equipos.

El saldo oficial ha sido de 22 heridos –dos permanecen en grave estado y debieron ser intervenidos quirúrgicamente por heridas en la cabeza–, más de un centenar de detenidos por «atentado y resistencia a la autoridad, lesiones, lesiones graves y daños» y un espectáculo lamentable que volvió a poner al fútbol sudamericano bajo la lupa mundial.

Los incidentes comenzaron en las tribunas altas del estadio, cuando hinchas de Universidad de Chile comenzaron a arrojar objetos contundentes –palos, botellas y hasta butacas arrancadas– hacia los sectores laterales e inferiores, donde se encontraban seguidores del conjunto local. La escalada de violencia creció rápidamente: una bomba de estruendo explotó cerca de un palco, lo que desató la reacción de los aficionados de Independiente, quienes respondieron con proyectiles y, ante la inacción policial, llegaron a invadir la tribuna visitante.

Lo más grave ocurrió cuando grupos de hinchas locales treparon hacia el sector visitante, agredieron a los fanáticos chilenos y despojaron de sus pertenencias y hasta de sus ropas a varios de ellos. Imágenes ampliamente difundidas en redes sociales mostraban escenas de extrema violencia, con individuos golpeándose con palos y bastones en plena grada.

Críticas a la organización y la seguridad

La suspensión del partido, decretada por el árbitro en el minuto 48, evidenció la falta de previsión y coordinación en materia de seguridad. Ni la organización ni las fuerzas policiales lograron controlar de inmediato la situación, lo que permitió que la violencia se prolongara durante varios minutos sin intervención efectiva.

Dirigentes y especialistas ya señalaron la «irresponsabilidad compartida» de organizadores, clubes y autoridades gubernamentales en un operativo de seguridad que, a todas luces, resultó insuficiente para prevenir el caos.

Un problema recurrente

Universidad de Chile se convirtió así en el segundo club chileno involucrado en graves incidentes durante competiciones sudamericanas en este 2025. El fútbol trasandino arrastra una larga crisis marcada por episodios de violencia, problemas de gestión institucional y la incapacidad de la Asociación Nacional de Fútbol Profesional (ANFP), el Gobierno y las fuerzas del orden para encarar de manera conjunta una solución estructural.

En Chile, los episodios de violencia se repiten prácticamente cada mes, no solo en el fútbol profesional, sino también en categorías amateurs y formativas. La connivencia con las barras bravas ha generado un ecosistema en el que la violencia persiste con total impunidad.

La Conmebol analiza distintas alternativas: desde la repetición del encuentro en sede neutral, hasta la anulación definitiva del partido, además de evaluar sanciones severas, tanto a nivel deportivo como económico, contra los clubes implicados. El partido, suspendido sin resultado definido, también podría resolverse en los despachos, aunque la gran preocupación excede lo deportivo: evitar que episodios de esta magnitud vuelvan a empañar la imagen del fútbol sudamericano en el escenario internacional.

Hablan los gobiernos

El presidente chileno, Gabriel Boric, condenó la violencia y tildó de «irresponsable» a la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol). «Lo sucedido en Avellaneda entre las hinchadas de Independiente y Universidad de Chile está mal en demasiados sentidos, desde la violencia en las barras hasta la evidente irresponsabilidad en la organización. La justicia deberá determinar los responsables».

Boric ha enviado a Buenos Aires a su ministro del Interior, Álvaro Elizalde, para acompañar a sus ciudadanos heridos y detenidos, y ha denunciado el «inaceptable linchamiento» contra la afición visitante.

Del lado argentino se ha pronunciado la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, que ha descrito los episodios como «una tragedia» y responsabilizó al gobernador de la provincia de Buenos Aires, el referente opositor Axel Kicillof (peronista).

La ministra ha desligado a su cartera de lo sucedido y ha acusado directamente a Kicillof de «no poder garantizar la seguridad ni cuidar a la gente», anticipando que el Gobierno central que preside Milei «recuperará el orden».

También se ha referido a los graves incidentes Gianni Infantino, presidente de la FIFA, que ha remarcado que «la violencia no tiene cabida en el fútbol. Desde la FIFA, nuestros pensamientos están con todas las víctimas inocentes, a la vez que esperamos que las autoridades competentes impongan sanciones ejemplificadoras contra los autores de estos terribles actos».