El Gobierno español ha aprobado este martes en Consejo de Ministros el último decreto para poner en funcionamiento el reparto de menores migrantes no acompañados entre las comunidades autónomas, que están obligadas por ley a asumir la acogida, aunque el PP ya anuncia que seguirá judicializando la cuestión.

El Ejecutivo fija la capacidad ordinaria de acogida de cada comunidad autónoma en 32 menores por cada 100.000 habitantes. En función de ello, a la CAV no le corresponde atender a más menores puesto que ya supera con creces esa cifra. En el caso de Nafarroa no es así, por lo que se le han asignado 118 personas más.

La fotografía es clara. Junto a la CAV, comunidades de llegada como Canarias, Ceuta o Baleares son las que más menores no acompañados tienen en sus territorios. Y en el otro extremo se sitúan las autonomías gobernadas por el PP como las más insolidarias: Andalucía tiene 1.372 menos de lo que le correspondería, la Comunidad Valencia 1.216 y Galicia 620.

La capacidad ordinaria, junto al dato de cuántos menores acoge ya cada autonomía, aparece citada por el Gobierno español como clave para fijar el cómputo de los traslados, que se calculará teniendo en cuenta también parámetros como la renta, la tasa de paro, el esfuerzo previo, la dispersión o la situación de ciudad fronteriza o insularidad.

Este martes algunas comunidades autónomas, como Madrid o La Rioja, han expresado ya sus quejas y barajan acudir a los tribunales. Este sistema lo han recurrido ante el Tribunal Constitucional diez autonomías gobernadas por el PP, así como Castilla-La Mancha (PSOE). Además, la Comunidad de Madrid ha acudido al Tribunal Supremo y lo mismo ha anunciado Baleares, que pide suspender cautelarmente el reparto.

Nafarroa: «No podía ser de otra manera»

La consejera de Derechos Sociales del Gobierno navarro, Carmen Maeztu, ha confirmado que, a pesar de ser una autonomía con los servicios de acogida ya «tensionados», será solidaria con Canarias y acogerá a los 118 menores que le corresponden según el reparto.

La consejera, quien ha atendido a los medios de comunicación tras una recepción en el Palacio de Nafarroa, ha señalado que los más de 3 millones de euros asignados para ello desde el Estado no serán suficientes y que tendrán que aportar fondos propios para la acogida de menores.

Maeztu ha explicado que, «como no podía ser de otra manera», van a colaborar para ayudar a la comunidad de Canarias, «que desde hace ya demasiado tiempo está en una situación insostenible».

Ha manifestado además Maeztu que la situación actual se debe a la «falta de colaboración» de las comunidades gobernadas por el PP, «que, desde el principio, se han mostrado remisas a colaborar de una manera voluntaria a atender una situación que es un problema de todos».

También ha indicado que «el procedimiento de traslado será progresivo, no van a ser los 118 menores a la vez, sino que va a ser en fases». El periodo de traslado es de un año y se comenzará, según le ha trasladado el Ministerio, por las comunidades menos tensionadas.

«Navarra es una de las comunidades que tiene un nivel de atención mayor. Probablemente no sea ya este mes, sino que será en meses sucesivos cuando se produzcan esos traslados», ha dicho.

Sobre el reparto dentro del herrialde, el Gobierno Chivite no lo tiene todavía decidido: «Estamos trabajando con las entidades locales donde pensamos ubicar los recursos».