El desahucio que pende sobre ellas ha sido recurrido por las exmonjas de Belorado y Urduña, que han solicitado anular la fecha prevista para el mismo, fijada para este viernes, día 12 de septiembre, y que fue establecida por la jueza en el auto de señalamiento del juicio oral del pasado 29 de julio.

El abogado de las exreligiosas Florentino Aláez ha explicado a Efe que, dado que disponen de plazo hasta finales de mes para recurrir a la sentencia comunicada el 1 de agosto, lo lógico es que la fecha del 12 de septiembre que se señaló antes del juicio decaiga, pero han solicitado expresamente que se suspenda.

Aláez entiende que el desahucio del 12 de septiembre solo cabría en el caso de que las exmonjas no se hubieran presentado al juicio o hubieran rechazado recurrir la sentencia. Como no ha sido así y, además, a su juicio tampoco cabe una ejecución provisional de la sentencia, ese lanzamiento debe suspenderse.

Mientras, la defensa de las exmonjas trabaja en los recursos de apelación y, de momento, han presentado el primero de ellos, en el que además de solicitar la revocación de la sentencia de desahucio, reclaman una suspensión del mismo por prejudicialidad civil, ha explicado Aláez.

Es un primer recurso que tendrá que resolver la Audiencia Provincial, aunque bien una a una o bien en bloque, las ocho exmonjas que han sido condenadas a desalojar el monasterio de Belorado tendrán que recurrir la sentencia y para ello disponen hasta finales de mes.

Desalojo voluntario con apercibimiento

La sentencia del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción de Briviesca, comunicada el 1 de agosto, dio la razón a la Iglesia católica y condenó a las exmonjas a abandonar el monasterio con apercibimiento de lanzamiento si no lo hacen voluntariamente, al considerar que no han demostrado la propiedad del cenobio.

Sin embargo, no establece un plazo para que las exmonjas salgan del convento y, dado que se comunicó el 1 de agosto –dos días después del juicio– y que agosto es un mes inhábil para la justicia, la defensa cuenta con todo septiembre para recurrir, lo que, en su opinión, debería paralizar cualquier desahucio.

Este primer recurso es un nuevo episodio en un conflicto que está teniendo gran eco mediático por sus peculiaridades. Saltó a la luz en 2024, cuando la comunidad de monjas clarisas de Urduña y Belorado anunció el abandono de lo que denominan como «Iglesia conciliar», regida por el Papa.

Se situaron a sí mismas bajo la tutela y jurisdicción de Pablo de Rojas Sánchez-Franco, la llamada Pía Unión Sancti Pauli Apostoli, que no están en comunión con Roma y cuyo fundador fue excomulgado en 2019. Un personaje que entre otras muchas cosas se jactaba de admirar a Franco y negar el Holocausto.

El arzobispo Iceta (antes de Bilbo y ahora de Burgos) anunció entonces que tomaba el control de los monasterios de Belorado, Urduña y también Derio. Este último era situado por las clarisas como clave del litigio, puesto que afirmaron que se les había prohibido la venta de las instalaciones de Derio, con la que habrían intentado paliar sus problemas económicos. Iceta les ordenó desalojar Belorado, a lo que se negaron.

Luego trascendió que estas monjas están implicadas en hasta ocho procesos judiciales, no solo por desahucio, sino también por posibles coacciones y estafa.