Mali, Níger y Burkina Faso han anunciado este lunes su retirada de la Corte Penal Internacional (CPI), institución a la que de uncian como un «instrumento de represión neocolonial en manos del imperialismo».

Estos países, liderados por juntas que llegaron al poder mediante golpes de Estado entre 2020 y 2023, afirman aplicar políticas soberanistas y han dado la espalda a la tutela de Occidente, comenzando por acabar con la presencia de las tropas francesas y con su relación con la antigua metrópoli.

En una declaración conjunta, los tres países aliados en una confederación, la Alianza de Estados del Sahel (AES), han declarado que esta decisión, tomada «con efecto inmediato», se enmarca en su deseo de «afirmar plenamente su soberanía».

«La CPI ha demostrado su incapacidad para procesar y enjuiciar crímenes de guerra, crímenes de lesa humanidad, crímenes de genocidio y crímenes de agresión comprobados», ha explicado la AES.

Una Corte Penal Saheliana

También han declarado su deseo de establecer «mecanismos endógenos para consolidar la paz y la justicia»: se espera que pronto creen una Corte Penal Saheliana.

La retirada de un Estado solo entra en vigor un año después de la presentación oficial de la solicitud al Secretario General de la ONU.

Los países del AES se han acercado notablemente a otros socios como Rusia, cuyo presidente, Vladimir Putin, ha sido objeto de una orden de arresto de la CPI desde marzo de 2023.

A la vez, están intentando desarrollar infraestructuras y sectores económicos propios que reduzca su dependencia y mejoren su economía.

Se enfrentan a la violencia letal de grupos yihadistas vinculados a Al-Qaeda y el Estado Islámico, pero sus ejércitos también están acusados ​​de crímenes contra la población civil.

Fundada en 2002, la misión de la Corte Penal Internacional es enjuiciar a los autores de los crímenes más graves cometidos en el mundo cuando los países carecen de la voluntad o la capacidad para hacerlo por sí mismos.

La CPI cuenta actualmente con 125 miembros. Estados Unidos y Rusia no son miembros, al igual que Israel, China o Birmania.

Amenazas de EEUU a la CPI

Hungría retiró su membresía a principios de este año en respuesta a la orden de arresto emitida contra el líder israelí Benjamin Netanyahu y su exministro de Defensa, Yoav Gallant, por los crímenes contra la humanidad cometidos en Gaza.

Estados Unidos ha amenazado y sancionado a varios de sus jueces y fiscales por estas órdenes y estudia ahora sanciones contra todo el tribunal que podrían poner afectar a su funcionamiento. Además, rechaza que intervenga en presuntos crímenes cometidos por sus ciudadanos y soldados.

La institución enfrenta críticas frecuentes, especialmente en países africanos, donde se le acusa de procesar principalmente a figuras prominentes del continente, y de estar creada precisamente con el objetivo de sancionar a estos países ignorando los crímenes de los Estados occidentales y aliados.

El tribunal condenó al  congoleño Bosco Ntaganda a 30 años de prisión y al líder yihadista maliense Al Hassan a 10 años de prisión, principalmente por crímenes de guerra.

Pero también absolvió al expresidente marfileño Laurent Gbagbo, a su exmano derecha Charles Blé Goudé y al exvicepresidente congoleño Jean-Pierre Bemba.

En 2016, tres países africanos —Gambia, Sudáfrica y Burundi— consideraron retirarse, pero los dos primeros finalmente se retractaron.

En septiembre, la CPI acusó al expresidente filipino Rodrigo Duterte de crímenes de lesa humanidad. Duterte fue arrestado en marzo y trasladado a los Países Bajos, donde se encuentran la sede y el centro de detención de la CPI.