Stop Desahucios ha denunciado el desalojo ayer miércoles de once personas que han sido víctimas de una estafa por parte de la persona que les había alquilado la vivienda, ubicada en la calle Aldapa del barrio donostiarra de Egia.

Estas once personas, entre ellas un niño y una mujer embarazada, abonaban 600 euros por cada habitación, y compartían las zonas comunes. Pagaban en mano a su arrendador, con el que habían firmado un contrato y les entregaba un recibo. Sin embargo, esta persona no era la propietaria de la vivienda, sino que a su vez pagada al dueño por el alquiler.

Pero llegó un momento en el que el subarrendador dejó de pagar, el propietario acudió a los tribunales y el juzgado número 2 de Donostia decretó el desahucio de la vivienda.

Stop Desahucios tuvo conocimiento del caso «hace mes y medio», cuando una de las inquilinas relató su situación y la del resto de personas, después de que el propietario les comunicara que debían abandonar la casa. «Le comunicamos que, por ser los ocupantes de la finca, tenían derecho a personarse en la demanda de desahucio y además, al estar la mayoría en situación de vulnerabilidad, se podían acoger al Decreto que regula la suspensión de los desalojos».

«Sin el aviso reglamentario»

«Esta persona, a pesar de tener toda esta información, no siguió en contacto con la plataforma, y desgraciadamente nos ha vuelto a llamar para informarnos del lanzamiento por el que, sin el aviso reglamentario, han sido desalojados con presencia de la Ertzaintza de sus habitaciones, con los enseres en la calle y sin salida habitacional», ha relatado este organismo.

Las personas desalojadas han logrado una alternativa a muy corto plazo –tres noches, cinco en el caso de la mujer embarazada–, gracias a vecinos y asociaciones del barrio, mientras tratan de encontrar otro techo. La mayoría residía en la calle Aldapa desde hacía más de tres años y ni siquiera lograron sacar todas sus pertenencias.

La persona que les subarrendó la vivienda «ya no está en España, se ha quedado el dinero y no tenemos manera de contactar con él. Nos ha estafado y ha huido», relataron las víctimas a ‘El Diario Vasco’.

Stop Desahucios subraya que «esta estafa, que ha culminado en el desahucio, es una situación que desgraciadamente está proliferando en nuestra sociedad. Muchos arrendadores particulares y grandes tenedores están optando por el alquiler de habitaciones, con contrato o sin él, a precios desorbitados y por periodos de uno o dos años, fomentando el dinero en negro, la no realización de contratos ni empadronamientos. La proliferación de contratos temporales por uno o dos años de habitaciones es debida a que no están regulador por la LAU (Ley de Arrendamientos Urbanos) ni por la Ley de Vivienda».