El Ararteko ha recordado al Ayuntamiento de Bilbo su deber de impulsar los expedientes de restauración de la legalidad ya iniciados, referidos a la instalación irregular de toldos en fachadas del centro, hasta su resolución y, en su caso, incoar los procedimientos sancionadores que pudieran derivarse de las actuaciones «clandestinas» advertidas. Además, incide en la obligación del Consistorio de dar respuesta, dentro de los plazos legales, a las solicitudes que formule la ciudadanía.

De nuevo, la Defensoría del Pueblo cuestiona la supuesta agilidad y transparencia de la Administración municipal y lo hace en una queja promovida por la asociación vecinal Uribitarte Anaitasuna. En esta ocasión, la iniciativa viene motivada porque el Consistorio ha «tolerado» toldos que salen de la fachada e incumplen la normativa urbanística, dificultando el tránsito de las personas por las aceras, especialmente cuando llueve y se utilizan paraguas.

El objetivo de la iniciativa, y así lo expone la asociación, es colaborar con el Ayuntamiento de Bilbo en la mejora de la convivencia en el distrito de Abando.

En un escrito remitido en diciembre de 2024, el colectivo vecinal advertía al Ayuntamiento de la irregularidad, aportando imágenes de algunos ejemplos localizados en calles de Abando. Señalaba unos 45 casos.

Además, representantes de Uribitarte Anaitasuna se reunieron con el Área de Planificación Urbanística para buscar una solución adecuada. Proponían que, en el despliegue de los toldos que salen de las fachadas, se respetara la altura mínima de 2,5 metros que recogía el Plan General de Ordenación Urbana para estos toldos.

Casi cuatro meses después, al no recibir contestación, la asociación la solicitó y demandó información por la razón por la que no se actuaba contra este incumplimiento de la normativa.

En mayo, hubo respuesta oficial, en la que se indicaba que, en una primera inspección, técnicos municipales habían localizado 14 locales que «serían susceptibles de ser denunciados».

En el escrito, el Consistorio argumenta que se descartan aquellos casos de toldos –la mayoría- que han podido confirmar que llevan más de cuatro años instalados y respecto de los cuales, por aplicación del art. 224 de la Ley 2/2006, de 30 de junio, de Suelo y Urbanismo, por transcurso de dicho plazo no sería posible requerir su restitución a la legalidad, ya que en todo caso estarían fuera de ordenación en régimen de «tolerado». Es decir, al no haber intervenido, ahora los tiene que permitir.

Qué justifica la inacción

«¿Cómo puede ser que, por la inacción del Ayuntamiento, residentes y visitantes nos ‘choquemos’ con los faldones de los toldos y se nos enreden los paraguas?», se preguntó con asombro la asociación.

Uribitarte Anaitasuna puntualiza que no es su intención que el Ayuntamiento ordene la retirada de todos los toldos que incumplen la normativa urbanística, sino que cuando se extiendan, respeten las medidas marcadas en el Plan General de 2022 evitando molestias a los transeúntes.

En la queja remitida al Ararteko y que ha motivado la notificación al Consistorio para que actúe, la asociación vecinal argumentó que la normativa del transcurso de cuatro años de inacción del Ayuntamiento «no convierte a los toldos en ‘tolerados’, porque el toldo se extiende sobre las aceras, en el vuelo, que es dominio público».

En esta circunstancia, expuso que cuando las instalaciones se realizan en zonas especialmente protegidas, como lo es el dominio público, «no exime a la Administración de actuar para restablecer la legalidad urbanística infringida».

Tras la solicitud presentada por la asociación vecinal, el Consistorio bilbaino expone ante el Ararteko que comunicó a los locales, cuyos toldos no cumplían con la normativa en vigor, cuáles eran las medidas y condiciones que deberían guardar los toldos, y ello con el fin de que «con carácter voluntario» regularizasen su situación.

A este respecto, el Ararteko le recuerda que «tan pronto como el Ayuntamiento tenga conocimiento de dichas actuaciones clandestinas, deberá incoar los expedientes de restauración de la legalidad urbanística y sancionadores que procedan».