El presidente de Sidenor, José Antonio Jainaga, y otros dos directivos de la metalúrgica han sido citados para declarar este miércoles 12 de noviembre en la Audiencia Nacional española por la venta de acero a la empresa israelí IMI (Israeli Military Industries) dedicada a la fabricación de armamento.

Los directivos de la metalúrgica vasca han sido acusados de contrabando, según la Ley Orgánica de Represión de Contrabando y de un delito de participación por complicidad en un crimen de lesa humanidad, recogidos en los artículos 29 y 607 bis y de genocidio del artículo 607 de Código Penal.

Se da además la circunstancia de que la comparecencia tiene lugar apenas una semana después de que Jainaga haya sido incluido en la lista Forbes de las personas más ricas del planeta, en la que ha irrumpido con una fortuna declarada de 450 millones de euros, una de las 100 mayores del Estado español.

Según ha quedado recogido en la providencia, el juez de la Audiencia Nacional Francisco de Jorge expone que Sidenor tenía conocimiento de que IMI se dedica a la fabricación de armamento. La venta se llevó a cabo «sin comunicarlo al Gobierno y sin inscribirse en el registro correspondiente», según indica la resolución judicial a la que ha tenido acceso Europa Press.

Por su parte, las acusaciones de los delitos de lesa humanidad y genocidio imputadas se sustentan en la calificación provisional atribuida por el Tribunal Penal de Justicia y las «denuncias de genocidio hechas por la Relatora Especial de la ONU, Sra. Albanese, la UNRWA y otras personas y agencias de la Naciones Unidas» sobre la ofensiva israelí en la Franja de Gaza.

La querella fue puesta por la Comunitat Palestina de Catalunya, la cual se presenta como acusación popular, en representación de la Campaña Fin al Comercio de Armas con Israel, y asegura que la compañía española ha enviado «1.207 toneladas de acero desde agosto de 2024» a la israelí.

La asociación ha afirmado tener «constancia» de 989 toneladas vendidas por Sidenor a IMI Systems en tres remesas diferentes, «entre otros envíos». En concreto, detalla que Sidenor envió 393 toneladas de acero el pasado 4 de junio, 306 toneladas el 20 de mayo y 290 toneladas el 7 de agosto de 2024, como relata el texto de la querella consultado por Europa Press.

La presidenta de la Comunitat Palestina de Catalunya, Natalia Abu Sharar, ha declarado que «es la primera vez que se abre una investigación de este tipo en el Estado español, pero no será la última». Asimismo, ha añadido que desde la campaña colectiva de Fin al Comercio de Armas con Israel seguirán «trabajando en la aplicación de un embargo de armas integral y retroactivo y para que ningún acto de complicidad con el genocidio con Palestina quede impune».

Responsabilidad de las instituciones

BDZ Euskal Herria, por su parte, ha declarado en un comunicado que «unos y otros se han estado forrando sin ningún tipo de escrúpulo con el genocidio palestino, creyéndose impunes». Por ello, considera este «un momento crucial de la historia, en el que, o bien los organismos judiciales ponen en su sitio a estos colaboradores necesarios de crímenes contra la humanidad, o bien se constata oficialmente su impunidad, y el Derecho Internacional Humanitario y todos los organismos internacionales constituidos después de la Segunda Guerra Mundial para velar por el mismo quedan en entredicho».

Por tal razón, han reclamado a las instituciones que «retiren cualquier tipo de financiación de fondos públicos y cualquier tipo de beneficio público a estas empresas».

Asimismo, el sindicato LAB ha denunciado que Lakua alabe a Jainaga como «salvador del tejido industrial», a pesar de que su empresa haya «hecho negocio con el genocidio» al pueblo palestino. Según LAB,«el Gobierno y varios medios de comunicación están empeñados en presentar a José Antonio Jainaga como el salvador de la industria vasca» pero «la realidad es muy distinta».

«El Departamento de Industria del Gobierno Vasco le regalará al menos 45 millones de euros para que compre la empresa Talgo» y así se «va a regar con dinero público a una empresa privada sin exigir ninguna garantía de empleo ni de condiciones laborales», ha denunciado el sindicato.