El fiscal general del Estado español, Álvaro García Ortiz, ha presentado este lunes su renuncia a través de una carta que ha enviado al ministro de Justicia, Félix Bolaños, tras ser condenado la semana pasada a dos años de inhabilitación para el cargo, según han informado a EFE fuentes de la Fiscalía.

El Tribunal Supremo impuso dicha pena a Álvaro García Ortiz por un delito de revelación de secretos en relación con la filtración de datos de la causa seguida por supuesto delito fiscal contra el empresario Alberto González Amador, pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. 

En su carta, García Ortiz solicita al ministro de Justicia su cese a petición propia «sin esperar siquiera a conocer la motivación de la sentencia» del que por ahora solo se conoce el fallo.

«Es un acto debido no solo al Ministerio Fiscal, sino a toda la ciudadanía española», señala.

El hasta ahora fiscal general del Estado expresa en la misiva su «profundo respeto a las resoluciones judiciales» y a la voluntad «siempre presente» en su mandato que es, subraya la de «proteger a la Fiscalía española y a sus fiscales».

«Aunque mi determinación deriva directamente del fallo que me ha sido notificado, en mi haber tengo el convencimiento de haber servido fielmente a la institución a la que me honro en pertenecer, con una inequívoca vocación de servicio público, sentido del deber y lealtad institucional», sostiene.

García Ortiz agradece al Ejecutivo «la confianza depositada» que, considera, es la misma que ahora devuelve, al entender que, «una vez conocido el fallo, es el momento de abandonar el desempeño de tan alta responsabilidad».

El presidente español, Pedro Sánchez, mostró este domingo su desacuerdo con la sentencia destacando que varios periodistas dijeron en el juicio que la filtración de los datos se produjo antes y por otra fuente diferente al fiscal general. También confió en que sea reparada por el Tribunal Constitucional en un futuro.

El Gobierno español estaría buscando un perfil más duro que el de García Ortiz para el cargo, dando así respuesta a este golpe judicial.