A un día de finalizar el plazo de enmiendas al proyecto de presupuestos de 2026 de Lakua, este jueves a la mañana, ELA ha llevado a cabo una movilización en la que ha rodeado el Parlamento de Gasteiz para exigir a los parlamentarios «una apuesta real por los servicios públicos». Al mismo tiempo, han reclamado «un aumento de las partidas presupuestarias y que las condiciones laborales del personal público se decidan aquí y mejoren».

«No se sostiene que se diga que son unos presupuestos que refuerzan los servicios públicos cuando el 42% del personal es temporal», han señalado.

El secretario general de la federación Gizalan de ELA, Igor Eizagirre, ha denunciado que Lakua, una vez más, «pretende dejar en manos de Madrid las condiciones laborales de sus 115.000 empleadas y empleados». 

Según ha indicado Eizagirre, en los últimos años, «han rechazado hacer uso de sus competencias en materias como el salario y el empleo de la plantilla del Gobierno vasco». 

Debido a ello, los trabajadores han sufrido graves retrocesos, tal y como Eizagirre ha enumerado: «El 42% de la plantilla del Gobierno Vasco es temporal. Más de 24.400 personas trabajadoras en Osakidetza y más de 25.000 en educación, los trabajadores no han tenido ningún incremento salarial en 2025, la pérdida salarial desde 2022 es del 8,6%, el euskara sigue siendo una lengua secundaria y las cargas de trabajo, la no sustitución y la excesiva burocratización han tenido graves efectos sobre la salud laboral de la plantilla».

«Con estas condiciones laborales no es posible garantizar unas prestaciones de calidad a la ciudadanía y acabar con la pérdida de poder adquisitivo de los trabajadores», ha asegurado Eizagirre.

Exigencias

En este sentido, ELA ha pedido a los grupos políticos con representación en el Parlamento de Gasteiz «que modifiquen su posición respecto a la dejación de competencias» y «tomen decisiones en materia salarial y de empleo en el proyecto de presupuestos».

Han demandado también «que se debe establecer un articulado que cierre las puertas a la privatización y prever procesos de reversión a lo público» y han exigido «que se reduzca la temporalidad real al 8%, convocando procesos garantistas que permitan la consolidación del personal temporal».

En cuanto a la salud laboral, han precisado «que se debe establecer una partida presupuestaria para acabar con el exceso de burocracia y aliviar las cargas de trabajo en cada sector». 

Al mismo tiempo, han reclamado «una partida para planificar la euskaldunización del personal», «un compromiso de negociar y acordar planes reales de igualdad sector a sector» y «medidas para rejuvenecer las plantillas».