Nueve agentes de la Ertzaintza declararon este jueves ante el Juzgado de Instrucción número 4 de Gasteiz, que investiga a una veintena de antifascistas por los incidentes acaecidos el pasado 12 de octubre, cuando cientos de personas se movilizaron contra un acto organizado por Falange Española frente al Palacio Foral de Araba. Los uniformados cargaron contra los antifascistas, arrestando a 19 personas e hiriendo a decenas, algunas de ellas de gravedad. 

Según la declaración de los agentes, que declaran como víctimas ante el tribunal, los antifascistas actuaron con «tácticas militares», en alusión al lanzamiento de objetos sobre los uniformados como paso previo al avance de personas que supuestamente trataban de arrancar los escudos a los ertzainas. Han llegado a asegurar ante el juez que «desde hace muchos años no habían visto ese nivel de violencia y de profesionalización».

José Antonio Bitos, abogado del sindicato Euspel, que representa a la mayoría de los ertzainas citados a declarar, ha incidido en que todo estaba «previamente preparado porque sabían dónde colocarse y cómo actuar para hacer el mayor daño posible a la policía» que hizo uso de las lanzaderas de foam, disparando en la boca a Aritz Ibarra.

Penas de 4 años y 6 meses de prisión

Las declaraciones de los ertzainas continuarán el próximo día 20 con cinco nuevos testimonios y ese mismo día comenzarán a declarar los investigados por su presunta participación en los disturbios. 

Euspel pide que se les acuse de un delito de «desórdenes públicos» y de otro de «atentado a agentes de la autoridad» agravado por el uso de un «instrumento peligroso», en alusión al lanzamiento de adoquines. El tipo agravado de este delito puede suponer una pena de cárcel de hasta 4 años y 6 meses, que es la condena que pide el sindicato para los veinte investigados, según ha explicado su abogado.

En la sesión de toma de declaraciones no estuvieron presentes ni la Fiscalía ni los abogados del Ejecutivo de Lakua ni del Ayuntamiento de Gasteiz. «El Gobierno Vasco no defiende a los agentes cuando hay un proceso judicial», ha señalado la central sindical, que ve «socavado» el principio de autoridad.