LAB ha denunciado explotación laboral machista y racista en varias viviendas comunitarias para personas mayores que administra una misma empresaria en Bilbo. Ya son 10 las trabajadoras que han acudido al sindicato relatando haber sido empleadas sin contrato o con contratos que no se corresponden con su jornada real y obligadas a pagar a su empleadora la Seguridad Social. La empresaria es también enfermera en Osakidetza y además de las viviendas comunitarias de Bilbo, administra más en municipios vizcainos como Zornotza y Durango.

En rueda de prensa ante la Diputación de Bizkaia, el sindicato ha asegurado que las trabajadoras han acudido a LAB, cada una por su lado, desde noviembre de 2024 y que el hecho de que todas denunciaran a la misma empleadora aun trabajando en distintos centros residenciales hizo saltar sus alarmas. Txefi Roco, secretaria antirracista del sindicato, ha relatado un caso especialmente sangrante del que tuvieron conocimiento en agosto del año pasado.

Esta empleada estuvo trabajando en una de las viviendas comunitarias durante 5 años sin contrato escrito. Cuando pidió a su empleadora que le hiciera un contrato escrito para poder así obtener un permiso de trabajo, esta ignoró en repetidas ocasiones sus mensajes y cuando le respondió, lo hizo exigiéndole que asumiera ella la Seguridad Social: «Yo te lo ingreso y luego me lo devuelves dejándomelo en un sobre». Así, durante meses la empleada pagó en metálico a la empresaria por estar dada de alta, bajo presiones continuas a través de WhatsApp por parte de su jefa.

Han leído varias conversaciones reales entre la trabajadora y la empresaria, en las que se puede observar la crudeza con la que se dirige a la empleada. Cuando, embarazada de 8 meses, esta le expresó que estaba enferma y hospitalizada, la enfermera se limitó a pedirle dinero con mensajes como: «Mira, aunque tú estés de baja, yo tengo que seguir pagando los seguros sociales, para que lo tengas en cuenta, vaya»; «Hola, acuérdate que estando de baja tienes que seguir abonando la seguridad social, lo tienes en cuenta, ¿verdad?»; «Hola, no me has pagado, llámame. ¿Cuándo me vas a pagar? El lunes lo habías cobrado ya»; «Si esto sigue así, tendré que hablar con el abogado y rescindir el contrato».

Ante este acoso por parte de su jefa y la exigencia de que le devolviera el salario cobrado mientras estaba de baja, la empleada le pidió comprensión, debido a su estado de salud, a lo que la empresaria respondió lo siguiente: «Mira, me estuviste presionando para hacerte el favor y yo te lo hice (en referencia a haberle hecho un contrato escrito), ¿me puedes decir cuándo vas a dejar el dinero? Porque has cobrado un dinero sin trabajar». La empleada tuvo que acabar renunciando al puesto de trabajo, debido a la incapacidad de seguir asumiendo los pagos.

A la crudeza de este relato se suman los compartidos por exempleadas en la concentración de hoy. Han mostrado preocupación por el estado de las personas mayores que atienden en los centros gestionados por esta empresaria, que les cobra la estancia a unos 2.500 euros al mes. Y es que muchas veces es una sola trabajadora por turno la que se encarga de atender a los residentes, que pueden ser hasta 14, lo que pone en serio riesgo la integridad de las personas mayores que viven en las viviendas. Además, las trabajadoras aseguran que la calidad de la alimentación brilla por su ausencia y que escasean básicos como el aceite para cocinar, el papel higiénico o las mascarillas.

También han asegurado que la administradora aprovecha su condición de enfermera de Osakidetza para acceder a los historiales médicos de los residentes cuando están hospitalizados y poder así, en base a su evolución, intuir si regresarán o no a la vivienda comunitaria. En los casos en los que prevé un fallecimiento, las trabajadoras han relatado que les ordena que vayan limpiando la habitación del residente en cuestión, para proceder cuanto antes a ofrecer esa cama a otros potenciales usuarios.

Tres tipos de trabajadoras

Roco ha explicado que las trabajadoras pueden agruparse en tres grupos según sus condiciones, procedencia y situación legal. El primero de ellos lo componen las trabajadoras no migrantes, que tienen condiciones laborales acordes al convenio que rige el sector y son las que están presentes durante las inspecciones. En el segundo ha agrupado a las mujeres migradas en situación regular, que cuentan con contrato laboral, pero sin que este refleje su jornada real.

El tercero lo forman las trabajadoras migradas en situación irregular que trabajan sin contrato escrito, principalmente durante los fines de semana y las noches, ya que durante esos tramos no suelen darse inspecciones en los centros residenciales. Roco ha relatado que por trabajar durante una noche las trabajadoras cobran 50 euros.

Maider Viso, responsable en LAB de las residencias de Bizkaia, ha asegurado que el sindicato ha interpuesto varias demandas judiciales, a través de las cuales han conseguido que se dé de alta en la seguridad social a varias trabajadoras, favoreciendo así su regularización. Ha asegurado que, si bien la empresaria es responsable de la explotación a la que somete a las trabajadoras, es la casi nula regulación del sector por parte de la Diputación la que propicia que se dé esta situación.

Viso ha explicado que las viviendas comunitarias, que son, fundamentalmente, residencias pequeñas (con 10-14 residentes y unas 4 trabajadoras en plantilla), están reguladas por un decreto de 1998 «totalmente obsoleto» que deja demasiados vacíos legales. Por ello, han señalado como responsable última a la Diputación de Bizkaia.

Además, desde LAB han llamado a las trabajadoras a acudir al sindicato a denunciar su situación. «No estáis solas», han recalcado.

«Maltrato institucional»

La asociación Babestu de familiares y usuarios de las residencias de Bizkaia coincide con LAB en señalar a la Diputación como responsable y ha tachado la situación de «maltrato institucional». Se preguntan cuánto tiempo llevaba funcionando esta empresa y cuántas inspecciones había superado sin que se detectaran «estas graves carencias». Han asegurado que las inspecciones «se limitan demasiado a menudo a un trabajo oficinesco, dejando en un segundo plano lo esencial: la calidad del trato humano, el bienestar psicosocial de los residentes y la existencia de un ambiente verdaderamente protector».

Así, han expresado la necesidad de «determinar si se han vulnerado derechos fundamentales, si se ha sometido a personas en situación de fragilidad a tratos vejatorios, negligencia o abandono emocional», y han pedido que la respuesta legal sea «proporcional a la gravedad de los hechos».