Stop Desahucios ha alertado que tres familias que viven en pisos alquilados en Donostia y Errenteria, sin deudas por impago, corren el riesgo de ser desahuciadas debido a que sus arrendadores han interpuesto demandas judiciales porque «se niegan a concederles las prórrogas que les corresponden por ley».

Así lo ha denunciado la portavoz de Stop Desahucios, Rosa García, en una concentración con rueda de prensa que han celebrado este viernes activistas de la plataforma en el Boulevard donostiarra, junto a algunos de los afectados y cargos públicos de EH Bildu y Elkarrekin Podemos.

García ha advertido de que además hay otras 26 familias en Gipuzkoa que han pedido apoyo a la plataforma porque están a la espera de que sus respectivos caseros les respondan a sus solicitudes de prórrogas extraordinarias, al finalizar sus contratos de alquiler y acogerse a «la disposición final primera de la Ley de Vivienda» estatal de 2023.

En el caso de los tres demandados ante los juzgados, los arrendadores «se han negado» a concederles las prórrogas solicitadas porque, según ha dicho, entienden que esa posibilidad solo es aplicable a contratos firmados a partir de la entrada en vigor de dicha legislación.

«Si se admite esto, sería echar por el sumidero la Ley de Vivienda y sus medidas», ha aseverado.

García ha defendido que dichas extensiones extraordinarias –de hasta 3 años en municipios declarados tensionados y de 1 año en el resto– son aplicables a todos los contratos de arrendamiento que estaban vigentes el 25 de mayo de 2023, cuando la ley se publicó en el BOE, «independientemente de si fueron o no firmados antes de esa fecha».

La activista antidesahucios ha señalado que, «es más», el Departamento de Vivienda de Lakua «reconoce en su página web» la validez de la aplicación de esas prórrogas «para todos los contratos de alquiler vigentes en esa fecha» e incluso esta institución ha avanzado que, durante este 2026, está prevista la finalización de casi 25.700 contratos que podrían acogerse a estas prórrogas.

«Inadmisible»

«Es inadmisible –ha destacado– que, en medio de la crisis habitacional, que impide acceder a una vivienda digna a miles de familias por los impagables precios de alquiler, existan grandes tenedores y también pequeños rentistas que conculquen la Ley de Vivienda y quieran seguir especulando».

Ha hecho un llamamiento a «la sensibilidad social» y, sobre todo, al «estamento judicial» a la hora de acreditar la validez de esas prórrogas extraordinarias porque, de lo contrario, «habrá un tsunami de desahucios» de inquilinos en los próximos meses.

A los partidos políticos y a las instituciones de la CAV, les ha exigido que «hagan cumplir la ley y las medidas» aprobadas para paliar el problema de la vivienda.